Golpe de efecto de Puigdemont que no contentará a la CUP

La llamada «cumbre por el Pacto nacional para el Referéndum», celebrada ayer en el auditorio del Parlamento autónomo de Cataluña y convocada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede considerarse, desde todos los puntos de vista, un acto de reafirmación de la rebeldía institucional que caracteriza al actual Gobierno catalán, pero, a efectos prácticos, carece de la menor virtualidad jurídica. Es decir, no causa efectos legales ni administrativos, más allá de la constatación de unas intenciones que nuestro ordenamiento penal, como es lógico, no puede tener en cuenta, salvo que esas intenciones se transformaran en un delito de amenazas. Viene a cuento esta prevención ante la oleada de declaraciones y reacciones sobrevenidas a la reunión y, también, ante la retórica triunfalista del Gobierno autónomo catalán, tratando de vender la supuesta comisión negociadora del «referéndum pactado» como un compromiso de la mayoría de la sociedad del Principado con el proceso independentista. Nada más lejos de la realidad: los asistentes a la «cumbre» no han adquirido más vínculo con el separatismo que el que ya tuvieran previamente. Tal vez, Puigdemont pueda acabar deslumbrado por los efectos propagandísticos de sus propios montajes, pero el conjunto de la sociedad española, que asiste al espectáculo de la contumacia nacionalista con loable resignación, ya empieza a distinguir claramente entre las actuaciones con trascendencia jurídica y merecedoras del reproche penal de aquellas que no pasan de ser meros brindis al sol. De hecho, las distintas posiciones políticas ya venían predeterminadas entre los llamados «comunes», partidarios del «derecho a decidir» pero no de la convocatoria unilateral del referéndum soberanista. Dejando a un lado quienes, como denunciaba ayer Sociedad Civil Catalana, han podido acudir a la cumbre bajo la fuerte presión ambiental nacionalista, fomentada desde las propias instituciones con las que tienen que tratar, como son los colegios profesionales, el hecho es que no hemos asistido a cambio cualitativo alguno en el escenario ya planteado. Es más, los procesos judiciales incoados contra los responsables del desafío ilegal siguen su marcha, ajenos a la demagogia y a los tiempos políticos de Puigdemont. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fijaba para el próximo 6 de febrero el inicio de la vista por la consulta del 9-N –pieza en la que se encuentran encausados por delitos de desobediencia y prevaricación el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas. y las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau–, mientras que el Tribunal Constitucional negaba la potestad del Parlamento catalán para obligar a los diputados a formar parte de las comisiones de la «desconexión» y, asimismo, anulaba parte de la ley catalana de acción exterior por invadir competencias estatales. Detrás de esta acción de la Justicia se halla la creciente impaciencia de la CUP, que teme un cambio de posición de sus aliados de circunstancias y, por lo tanto, presionan, con los Presupuestos de la Generalitat como rehenes, a la coalición independentista para que acelere el proceso de ruptura unilateral. Por ello, si Puigdemont cree que con movimientos efectistas puede obtener de los cuperos el apoyo que necesita se equivoca de medio a medio. Desde La Moncloa hay una mano tendida que le convendría aceptar. Sobre todo, por el bien de Cataluña.