Griñán se escuda en la ignorancia

Las responsabilidades políticas de José Antonio Griñán en Andalucía, tanto como consejero de la Hacienda regional como presidente de la propia Junta, discurrieron en su mayor parte en paralelo con la mayor trama de corrupción habida en la reciente democracia española. En efecto, el dirigente socialista ejerció sus cargos entre 2004 y 2013, mientras que el artefacto clientelar de las ayudas sociolaborales a empresas en quiebra, los llamados ERE, estuvo en vigor entre los años 2001 y 2010. Pues bien, ni desde su cargo en Hacienda, que es el departamento que elabora los presupuestos y del que depende la Inspección General de la Junta, ni desde su puesto en la presidencia andaluza, José Antonio Griñán tuvo conocimiento alguno, si quiera aproximado, del destino de los 854 millones de euros malversados, de los informes técnicos que denunciaban la ausencia voluntaria de los controles preceptivos y, tampoco, de las funciones reales de una empresa pública que había sido constituida como un instrumento de promoción de la investigación y del desarrollo industrial, pero que, en realidad, se dedicaba a financiar la destrucción de empleo. Al menos, esta ha sido la argumentación sobre la que Griñan ha sustentado su línea de defensa, que es la misma que no le sirvió durante la fase de instrucción en el Tribunal Supremo, dada su calidad de aforado, entre otras cuestiones, porque describe una manera de gobernar la Junta de Andalucía basada en departamentos estancos, con unos funcionarios que, ante un informe de la Inspección General de enorme gravedad, que podía suponer su propia inhabilitación por delitos de prevaricación, que son de los más estigmatizantes para un servidor público de carrera, se limitaban a guardarlo en un cajón para no incomodar al jefe ni a su viceconsejera. Pero la increíble muestra de incompetencia de Griñán, dada su confesión de que no se enteraba del destino de una partida que se engrosaba cada año ni le llegaban a su mesa los informes de la Inspección, palidece ante la naturaleza de lo que se está ventilando en la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla: el uso perverso de unos fondos públicos que debían destinarse a la promoción del empleo en una de las regiones españolas más castigadas por el paro, pero que, en demasiadas ocasiones, sirvieron para incentivar el cierre de empresas. Que además, las ayudas se repartieran sin convocatoria pública y sin la necesaria publicidad, sólo añade gravedad y tiñe de sospecha de clientelismo todo el asunto. En este sentido, ha sido habitual en sectores del socialismo español defender las figuras de los dos ex presidentes de la Junta y ex ministros de Gobierno, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, aduciendo que no se habían enriquecido personalmente, pero ni es la cuestión principal ni excusa un comportamiento que, al menos por omisión, permitió que se instalara una trama de favores y corruptelas que beneficiaban claramente al entorno del PSOE andaluz, que tuvo episodios procaces en algunos de sus protagonistas y cuya larga y compleja instrucción judicial salió adelante pese a los obstáculos que interponían quienes más obligados estaban a velar por el buen uso del dinero público. También debería ser motivo de reflexión como en un caso que, hay que insistir en ello, supone el mayor ejemplo de la corrupción política y administrativa habido en España la izquierda haya hecho un uso palmario de su conocido virtuosismo del doble rasero. Nada que nos sorprenda a estas alturas, pero que es importante señalar. Porque la lucha contra la corrupción sólo tendrá éxito si hay una auténtica voluntad de regeneración de la vida pública, que renuncie a la utilización partidista de un problema que mortifica a todos los españoles.