Iceta rebaja la firmeza de Sánchez

Se puede especular tanto sobre la motivación última de Ciudadanos a la hora de presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, como discrepar sobre la inutilidad de una acción política condenada de antemano al fracaso, pero, sin entrar en juicio de intenciones, lo cierto es que las últimas actuaciones llevadas a cabo por los partidos separatistas catalanes, que buscan un calculado incremento de la tensión social en el Principado, obligan a las formaciones constitucionalistas a plantar cara al discurso sedicioso de Torra por todos los medios a su alcance. Y uno de ellos, y no menor, es el de llevar al Parlament, que vuelve a las andadas de la desobediencia, el debate de la legalidad constitucional y de la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes que compete al presidente de la Generalitat y que otorgan legitimidad a su cargo. Pues bien, el PSC ha dicho que no apoyará la moción de censura, rompiendo el bloque constitucional, por considerar que se trata de una maniobra electoralista del partido naranja, con la que se trataría de contrarrestar la caída que le auguran las encuestas. En otras circunstancias, nada tendríamos que oponer a la argumentación del secretario de los socialistas catalanes, Mikel Iceta, pero con el presidente de la Generalitat alentando una campaña de desobediencia civil y de rebelión ciudadana, y bajo la sospecha de que se había concertado con grupos extremistas, como los CDR, para llevar a cabo acciones que pueden calificarse perfectamente de terroristas, parece evidente que no es el mejor momento para ponerse de perfil. Entre otras cuestiones, porque la postura de Iceta, que jugó con la equidistancia hasta que se consumó el golpe antidemocrático en Cataluña en octubre de 2017, hace dudar de la consistencia de la proclamada firmeza del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus reiteradas advertencias a la Generalitat para que deponga su actitud levantisca, incluso, bajo la amenaza de volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución, medida que, pese a las dudas de procedimiento, es perfectamente legal y entra dentro de las prerrogativas de un Ejecutivo en funciones. De hecho, se podría aplicar al candidato socialista la misma vara de medir que a Ciudadanos y, como ha hecho el PSOE, afirmar que se trata de unas declaraciones marcadas por la coyuntura electoral y sin más recorrido, pero incurriríamos en el mismo juicio de intenciones que queremos evitar. Primero, porque es difícil calibrar hasta qué punto la deriva que pueda tomar el separatismo catalán tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo obligará al Gobierno a tomar medidas extraordinarias en defensa de la legalidad y de la democracia, y segundo, porque entendemos que ningún político con sentido de Estado utilizaría un instrumento constitucional de tanta trascendencia por mero electoralismo. Y esto nos lleva a un última reflexión sobre el error de Iceta al negarse a apoyar la moción de censura que plantea Ciudadanos –y que ya ha sido admitida por la Cámara autonómica– y respalda el Partido Popular, ya que a nadie se le escapa que en el caso de que Pedro Sánchez tuviera que aplicar el 155, debería contar con el mayor apoyo político posible, lo que implica tanto la colaboración del partido que lidera Albert Rivera como la de los populares de Pablo Casado. Es decir, con la reedición del frente constitucionalista que respaldó a Mariano Rajoy en octubre de 2017, por más que el PSOE y Ciudadanos condicionaran el alcance y la duración de la aplicación del artículo 155, lo que, luego, se ha demostrado que fue un error. Por lo tanto, Miquel Iceta y el PSC deberían estar al lado de los constitucionalistas en Cataluña. Sin excusas ni equidistancias.