Imputación sin fundamento

Empecinado en culminar su propósito de imputar a la Infanta Doña Cristina, el juez del «caso Nóos» ha incurrido, por segunda vez en nueve meses, en la insólita decisión de citarla a declarar en contra de las opiniones del fiscal anticorrupción, del abogado del Estado y de los técnicos de la Agencia Tributaria, que alegan la inexistencia de indicios suficientes y la sobreabundancia de conjeturas y elucubraciones. Es muy excepcional que un juez tome una decisión de esta naturaleza si no cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal y atendiendo solamente a la acusación popular. Tan atípica es, que incluso el Tribunal Supremo le puso coto mediante la llamada «doctrina Botín», en virtud de la cual no es suficiente la acusación popular para abrir un juicio oral. El juez Castro, sin embargo, no sólo desprecia la valoración de quienes velan por el interés general, sino que además se permite descalificar a los peritos de la Agencia Tributaria, colocándolos bajo la lupa de la sospecha, salida de tono no menos insólita en la práctica judicial. Es comprensible que el juez sienta cierta frustración por no haber obtenido pruebas concluyentes tras investigar de forma exhaustiva y hasta el último detalle los 10 últimos años fiscales de Doña Cristina. Pero lo cierto es que el voluminoso escrito judicial de 227 folios emitido ayer no aporta nada sustancialmente nuevo o que no dijera ya en abril de 2013, cuando el juez pretendió imputar a la Infanta y fue desautorizado por la Audiencia Provincial de Baleares. Más aún, el auto abunda en numerosos «corta y pega» del escrito anterior y los pocos elementos novedosos se refieren a ramos de flores, fiestas de cumpleaños y viajes, capítulos minuciosamente detallados fiscalmente y sin recorrido penal. El propio Castro reconoce en varias ocasiones que tiene dudas sobre la intervención real de la Infanta y las esgrime como argumento para citarla a declarar. Que el juez tenga dudas es natural, pero para salir de ellas hay otras fórmulas distintas a una imputación que lleva aparejada la «pena de telediario» y la humillación de un «paseíllo» retransmitido en directo. Por ejemplo, bastaba con que la citara como testigo. O, simplemente, que se apoyara en los informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado. Al no hacerlo, el juez abona la sospecha del fiscal Horrach de que a la Infanta se le estaría imputando por lo que es, no por lo que ha hecho. Es decir, se le aplica a Doña Cristina un rasero legal más riguroso que a cualquier otra ciudadana. La última palabra, sin embargo, la tendrá de nuevo la Audiencia Provincial de Baleares, ante la que recurrirá la defensa y seguramente el fiscal. El juez ha tenido la precaución de fijar un plazo razonablemente amplio para la comparecencia de la Infanta, el sábado 8 de marzo, de modo que la Audiencia Provincial dispondrá de tiempo suficiente para sustanciar el recurso.