Indigna dejación del Gobierno

Tal vez, lo que mejor resume el absurdo de la posición del Gobierno frente al separatismo catalán sea la imagen de la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, tratando de explicar en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, que nada se había cedido a la Generalitat, puesto que la expresión «en el marco de la seguridad jurídica», contenida en el previo comunicado conjunto, incluía una referencia implícita a la Constitución. Estaríamos, pues, ante un simple «gesto» que, en opinión de la ministra, no conduce a nada, pero que tiene la dudosa virtud de introducir un nuevo elemento de confusión doctrinal que, sin duda, será aprovechado por los impulsores del proceso separatista. En cierto modo, y vistos los resultados del alarde propagandístico del Ejecutivo de Pedro Sánchez, cabría preguntarse, incluso junto la portavoz del gobierno autónomo de Cataluña, Elsa Artadi, para qué organizar un Consejo extraordinario en Barcelona si sólo se llevaba en la agenda catalana medidas de carácter cosmético. En efecto, ni las inversiones en obras públicas, que estaban previstas y autorizadas por el anterior Ejecutivo, ni el cambio de nombre del aeropuerto de Barcelona ni el decreto, meramente declarativo, sobre el consejo de guerra de Lluís Companys afectan los más mínimo al día a día de los ciudadanos de Cataluña, que tienen problemas mucho más graves, ni, además, sirven para contentar a los grupos independentistas. Nos hallamos, pues, ante una de las habituales puestas en escena del «Gobierno bonito», sin sustancia política alguna, y cuya única virtualidad, si se quiere, que era la demostración de que el Gobierno de la nación no tiene que pedir permiso a nadie para reunirse en cualquier parte del territorio nacional, se ha desvirtuado por los gestos de apaciguamiento con unos individuos que se mantienen en su postura anticonstitucional. En toda esta peripecia han sobrado, pues, las reuniones previas, de inevitable tufo bilateral, los comunicados conjuntos y las fotos de familia, que han dado al traste con la demostración de la vigencia del Estado en Cataluña y, lo que es peor, han servido para revitalizar las actuaciones callejeras de los grupos de acción del soberanismo. El espectáculo de las «columnas» convergiendo sobre la sede accidental del Consejo de Ministros, los cortes de carreteras y vías férreas, las medidas de contingencia adoptadas por si la Policía Autonómica no era capaz de mantener el cordón de seguridad en torno a la Lonja barcelonesa, no ha ido a más porque la inmensa mayoría de la sociedad catalana se ha mostrado al margen de los revoltosos y ha tratado de hacer su vida normal en medio de las violencias de todo tipo y de la interrupción de la normalidad ciudadana. No es con inútiles gestos como se puede llegar a un acuerdo político con el nacionalismo catalán. Sólo desde la firmeza en la reclamación del respeto a las reglas de juego que nos hemos dado todos los españoles, desde la exigencia de las responsabilidades contraídas y la obediencia a la Ley será posible reconducir la situación. Ayer, los ciudadanos de Cataluña fueron, una vez más, tomados como rehenes por los extremistas, que, si bien dieron lugar a algunas actuaciones contundentes de la Policía, quedaron sin amparo a la hora de poder ejercer sus derechos a la libre circulación o a desarrollar su jornada laboral con normalidad. Nada que no se hubiera visto antes, pero que un Gobierno que se precie no debería tolerar. Los ministros, es cierto, pudieron reunirse sin mayores problemas en una ciudad con amplias zonas hurtadas a la normal convivencia. Pero no es eso lo que exigen los ciudadanos. Quieren elecciones y no la apertura de procesos de diálogo que, en el fondo, sólo ponen en cuestión la soberanía nacional.