Injerencia judicial que daña al PP

El escándalo Gürtel ha sido una suerte de espada de Damocles para el PP desde que se produjeron las primeras detenciones en febrero de 2009. Se investigaban conductas que habrían arrancado en 1999. Han transcurrido más de nueve años de instrucción para conocer la primera sentencia sobre una etapa que comenzó hace 19. No puede decirse que la Justicia haya sido rápida. El veredicto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –formada por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada– se sustanció con severas condenas de cárcel repartidas entre 29 de los 37 acusados. Las penas de reclusión fueron especialmente duras para Francisco Correa –51 años y 11 meses de prisión–, su número dos, Pablo Crespo –37 años y medio–, Luis Bárcenas –33 años y 4 meses– y su esposa, Rosalía Iglesias –15 años–, además de para otros antiguos cargos municipales populares. El fallo ha considerado probado que entre las empresas de Correa y gobiernos locales del PP se tejió una «estructura de colaboración estable» que llevó a un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública» que permitió enriquecimiento y fraude. En ese contexto, el PP ha sido condenado, como persona jurídica, a pagar 245.492 euros por lucrarse sin ser conocedor de ello a través de sus ex alcaldes en Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda. Como con todas las decisiones de los tribunales, nuestra posición es la de respeto a las mismas, además de insistir en que no estamos ante una sentencia firme, pues se han anunciado recursos, y que, por consiguiente, la presunción de inocencia ampara a los hoy condenados. Obviamente, para el PP es una noticia dolorosa sobre un caso que en su momento atajó con la expulsión de todos los implicados además de con la aprobación por parte del Gobierno del mayor paquete de reformas para luchar contra la corrupción de la democracia. Con todo, la resolución judicial presenta aspectos controvertidos y muy cuestionables como apunta el esclarecedor voto particular de Ángel Hurtado, que discrepó de sus colegas de terna y rechazó condenar al PP por considerar que no era conocedor de lo que se hacía en Majadahonda y Pozuelo pues los alcaldes actuaron a sus espaldas. En consecuencia, a su juicio, resultaba imposible probar que el partido se hubiera lucrado. Hay que incidir en que el denominado «partícipe a título lucrativo», en este caso el PP, conlleva el desconocimiento de los hechos y, por tanto, sin reproche penal. Quienes han promovido una causa general contra el PP del presente por unos hechos singulares de hace 19 años deberían leer el escrito del magistrado Hurtado que, entre otras cosas, critica que asuntos colaterales al juicio hayan servido a sus compañeros jueces para armar un relato que concluye en que Correa y el PP formaban una estructura estable. Como a Hurtado nos ha resultado insólito y censurable que De Diego y De Prada invadieran una causa ajena –no era objeto de este procedimiento– para resolver que el PP tuvo una caja B en una suerte de condena preventiva y extemporánea. También nos ha chirriado que la sentencia señalara al testigo Rajoy y cuestionara la «credibilidad» de su testimonio, lo que demuestra que la prueba testifical del presidente era innecesaria para el proceso y solo útil para generar un debate espúreo. La corrupción es una lacra transversal. El juicio del caso ERE o el escándalo de la financiación de los socialistas valencianos y de Compromís en estos días nos lo recuerda. Jueces, fiscales y policías hacen su trabajo y los políticos deben hacer el suyo que no puede ser, como hizo la oposición ayer mismo, actuar como agitadores ventajistas para alterar la estabilidad institucional a cuenta de una etapa que el PP dejó atrás hace años justo cuando Rajoy alcanzó el liderazgo del PP, como reconoce la sentencia.