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Inmigrantes de primera y de segunda

La Razón
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Una ola de solidaridad se ha despertado en toda España ofreciéndose a acoger a los inmigrantes que habían sido abandonados entre el sur de Sicilia y las costas de Libia. Aunque nuestro país lleva años recibiendo pateras, acogiendo inmigrantes que han cruzado el Estrecho y salvando náufragos, esa solidaridad es una reacción que dice mucho de los ciudadanos españoles, una sociedad que no desprecia al que viene de otros países a trabajar ni, todavía, tienen eco los partidos abiertamente xenófobos, como sí ocurre en Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña o Hungría, donde ocupan escaños, incluso gobiernos. Pero no hay que perder de vista este fenómeno político. Ese espíritu solidario no es patrimonio de nadie –tiene tanta raíz cristiana como laica, a derecha e izquierda, en el norte y el sur–, es un valor que hay que cuidar. Italia, con su nuevo gobierno populista y antieuropeo y Matteo Salvini como ministro del Interior y verdadero «condottiero», ha dado un paso que rompe el principio humanista de los partidos fundadores de la unidad europea. No puede haber más reacción que la condena, pero sobre todo, hacer política y centrar el verdadero problema de la inmigración ilegal, alimento de esos partidos ultranacionalistas que ahora se han extendido por todo el continente. Pedro Sánchez actuó correctamente desde el punto de vista humanitario, pero con ese gesto no está resuelto el problema, ni mucho menos. Un problema que no es nuevo para España, como él bien sabe, y donde los servidores públicos del Estado –que es una forma de solidaridad por imperativo del bien común, es decir, en blanco y negro– han actuado eficazmente y han hecho todo lo posible por salvar vidas y acoger a miles de inmigrantes y refugiados que han cruzado el mar desde las costas de África. Como ha dicho la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, el pasado fin de semana fueron rescatados frente a las costas andaluzas 550 inmigrantes. No puede crearse la triste paradoja de que 629 inmigrantes sean acogidos, mientras que otros que han saltado la valla de Melilla sean devueltos a sus países de origen. El efecto llamada es real (un barco holandés con 41 inmigrantes a bordo busca puerto en el Mediterráneo) y no tiene que ver nada con la solidaridad. Andalucía es la frontera real y no se debería olvidar. En 2017, las personas rescatadas por Salvamento Marítimo han sido 13.544. Es un dato importante que debe retenerse en la memoria, porque, aunque ha pasado desapercibido, indica, por un lado, el compromiso de los servidores públicos con un drama humano; por otro lado, porque en 2016 se rescataron del mar 6.556. El aumento es de 144% en un solo año. En total, fueron 824 embarcaciones. Estamos hablando de que entre dos y tres pateras llegan a España cada día, que cada media hora es rescatado un inmigrante frente a nuestras costas y que cada tres días hay un desaparecido (datos del Ministerio del Interior). La solidaridad, el esfuerzo y la responsabilidad no son fenómenos nuevos y no se han desencadenado con el dramático caso del «Aquarius». El Estado viene actuando hace años y, en concreto, el anterior gobierno de Mariano Rajoy ya había planteado en la cumbre de Roma de los países del sur que era necesario que el conjunto de la UE asumiera como propio un problema que, de no administrase correctamente, sólo puede servir para que anide lo peor del euroescepticismo: exclusión y xenofobia. La solidaridad es el principio humanista de ayudar al débil y a quien lo necesita, pero no puede entenderse como la solución a la crisis humanitaria que ha provocado que en 2017 hayan desaparecido más de 2.200 inmigrantes en el Mediterráneo. La instrumentalización de este drama sólo reporta beneficios políticos muy a corto plazo y tranquiliza conciencias, pero aleja la solución.