Inmovilismo sindical

El sindicato socialista UGT celebra esta semana su 41º congreso confederal y elecciones internas bajo la oscura sombra de los ERE de la Junta andaluza, la mayor trama de corrupción de dinero público de la historia de la democracia. Pero como hiciera CC OO en febrero pasado, cuando Ignacio Fernández Toxo fue reelegido «a la búlgara» como secretario general, no parece que UGT se dé por aludida por un escándalo que ha golpeado directamente en su línea de flotación, ni que reaccione con una renovación profunda de estructuras y liderazgos. Según todas las previsiones, Cándido Méndez encadenará otro mandato de cuatro años, con lo cual habrá permanecido durante 23 años al frente de la organización. Tampoco la crisis profunda de afiliación, que ha caído a mínimos históricos, ni la pérdida de credibilidad entre los trabajadores por haber negado la crisis económica del brazo del Gobierno socialista son acicates suficientes para desatar una catarsis de ideas y romper amarras con el régimen de subvenciones, favores y ayudas públicas que durante 30 años ha engordado la burocracia sindical. Por el contrario, según el programa de acción presentado al congreso confederal, las máximas preocupaciones de los dirigentes ugetistas no son las reformas o el debate programático, sino la captación de afiliados al precio que sea y mediante procedimientos más que censurables. El ponente llega incluso a establecer el derecho de sindicación de los inmigrantes en situación irregular e ilegal. Sorprende que una organización que depende del dinero público para su supervivencia se permita ir contra la legalidad y desprecie la normativa aprobada por un Gobierno democrático. Por muy desesperada que sea su situación financiera, UGT no puede abrir la puerta falsa de la afiliación a personas que no cumplen los requisitos necesarios. Y menos aún si el objetivo final es, como propone la ponencia, cobrarles la primera cuota en el plazo máximo de un mes. Es legítimo que el sindicato socialista aspire a incrementar el número de afiliados y a recaudar más, sobre todo desde que el PSOE ya no puede financiarle tan alegremente tras haber perdido el Gobierno central y varios gobiernos autonómicos, de donde han salido generosas partidas. Pero resultaría mucho más necesario e higiénico para el prestigio del movimiento sindical que hicieran públicas sus cuentas, que desvelaran cuánto recaudan de los afiliados y cuánto de las arcas del Estado, cuánto de comisiones y cuánto de cursos de formación, etcétera, así como a qué destinan las decenas de millones de euros que reciben cada año del erario público. Es inaudito que las cuentas de los sindicatos sean opacas y estén veladas incluso para sus afiliados, lo que explica por qué la trama corrupta de los ERE llegó a contar con el concurso y provecho de UGT y CC OO.