Insostenible situación para Delgado

La Razón
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Si la situación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, notario mayor del Reino, se ha vuelto políticamente insostenible no ha sido tanto por el contenido de unas conversaciones grabadas hace una década, sino por el rosario de imprecisiones y medias verdades con las que ha tratado de difuminar una antigua y, por lo ahora sabido, fluida relación con un comisario de Policía, José Manuel Jiménez Villarejo, hoy en prisión provisional, que disfrutó durante muchos años de un acceso privilegiado a ciertos círculos de amistades de la Audiencia Nacional, a los que pertenecían la fiscal y actual titular de Justicia y, entre otros magistrados, el ex juez Baltasar Garzón. De hecho, el ex magistrado Garzón actúa en estos momentos como abogado defensor de Enrique García Castaño, uno de los policías incursos en la causa de Villarejo que instruye, precisamente, la Audiencia Nacional. De hecho, según las últimas informaciones publicadas, la última reunión entre Dolores Delgado y el comisario Villarejo habría tenido tuvo lugar hace 15 meses, cuando el policía actuaba de conseguidor para un empresario naviero incurso en un proceso de extradición. Por supuesto, no acusamos en ningún caso, ni siquiera insinuamos, colusión alguna de la ministra de Justicia con Villarejo en ese asunto, sólo ponemos de relieve la imposible situación en que queda Dolores Delgado, a merced de cualquier nueva filtración de sus conversaciones, manipuladas o no. En este sentido, cabría reprocharle al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que haya armado su argumentación contra la ministra en una supuesta relación con las «cloacas del Estado», lo que la obligaría a alejarse, en opinión de Iglesias, de la vida política, obviando el hecho de que el Villarejo de entonces era un comisario recién condecorado por un Gobierno socialista y no el fullero chantajista que hoy conocemos, pero lo cierto es que Delgado ya debía estar al cabo de la calle sobre la catadura del funcionario cuando trató de enmascarar su antigua relación. A efectos prácticos, la posición del partido morado, el principal aliado del Gobierno de Pedro Sánchez, en este asunto tiene la misma carga que la reprobación por el Senado de la ministra y, a nuestro juicio, no deja más opción que la dimisión. Si es comprensible el apoyo corporativo del resto del Gabinete, pese a algunos silencios notables, a su compañera Delgado, puesto que una tercera renuncia de un ministro en poco más de cien días dejaría aún más en precario al Ejecutivo, no deja de ser un error. Porque más allá de las cuestiones estéticas –como el insulto gratuito a un juez de la Audiencia Nacional y hoy ministro, Fernando Grande Marlaska; los comentarios de tinte machista sobre la actuación de las mujeres en los tribunales de Justicia o los exabruptos xenófobos– lo que se desprende de las grabaciones filtradas es el desahogo con el que una fiscal y un juez, Garzón, trataban asuntos internos de los procedimientos judiciales con personas ajenas a los mismos, elegían o reprobaban a los funcionarios de Policía que prestaban servicio en la Audiencia según su supuesta adscripción ideológica y ponían en solfa a todos aquellos que no coincidían con sus opiniones, jurisdiccionales o políticas. Una imagen poco edificante para la opinión pública, a la que no se le escapa que de aquellas reuniones, uno de los comensales está en la cárcel, en espera de juicio; otro está en libertad provisional y un tercero fue expulsado de la carrera judicial. Si la dimisión parece obligada, incluso para evitar una inútil agonía política a la implicada, el presidente del Gobierno no está exento de responsabilidad, puesto que suyos fueron los nombramientos de todos los ministros, y debería asumir que la mejor salida para los intereses generales es adelantar las elecciones.