Institución imprescindible

El artículo 1 de la Constitución, refrendada por el 87,78% de los votantes españoles, establece que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Por tanto, se establece que la Corona, encarnada actualmente en la persona de Don Juan Carlos, forma parte del fundamento basal en el que se sustenta nuestro sistema democrático y, como tal, debe ser protegida, salvaguardada y amparada, so pena de que se cuartee la arquitectura organizativa y colapse el edificio que todos habitamos. El pueblo español, en el que descansa la soberanía nacional, sigue apoyando de forma muy mayoritaria y tras casi cuarenta años de fructífera experiencia, a la Monarquía como la forma más adecuada, de ahí que los ataques a la legitimidad del Rey sólo cabe interpretarlos como agresiones a la legalidad y a la convivencia pacífica de los españoles. Lamentablemente, en los últimos meses han proliferado las arremetidas contra la Corona por parte de sectores populistas y de la izquierda, que han utilizado episodios truculentos para demandar, nada menos, que un cambio de régimen. Como es natural, nadie está al margen de la Ley, que es y debe ser igual para todos. Pero extrapolar al Rey o a la Monarquía presuntas irregularidades no sólo va contra el sentido común, sino que además erosiona la principal institución sobre la que los españoles hemos fundado el mayor periodo de paz y de prosperidad de los últimos siglos. La ligereza y frivolidad con que determinados dirigentes políticos, además de minorías radicales y antisistema, vituperan a la Corona suponen una falta de respeto a los ciudadanos, que confían plenamente en ella como símbolo de la unidad de España y por su función moderadora ante las fuerzas políticas y sociales. Por eso conviene reiterar el llamamiento a los principales partidos y a los sectores más responsables de la sociedad para que rechacen enérgicamente los ataques a la institución y la respalden de manera inequívoca. Es lo más conveniente para la estabilidad de la nación y la mejor garantía de convivencia democrática. España atraviesa la mayor crisis económica de las últimas décadas y millones de familias han sido golpeadas por el desempleo. Es comprensible que exista malestar y desazón, como también es lógico que las críticas se dirijan contra el Gobierno, por más que Rajoy esté llevando a cabo una política de reformas y de regeneración sin precedentes. Pero resulta totalmente suicida descargar las iras y frustraciones sobre la institución que ha pilotado con asombroso éxito la Transición democrática, que simboliza lo mejor de España y que ha aunado a todos los españoles en la empresa común de vivir en paz y libertad.