La cloaca está en Convergència

La Guardia Civil desarrolló ayer una importante operación contra la corrupción municipal con el registro de varios ayuntamientos de toda España, aunque en mayor número radicados en Cataluña. La denominada «operación Termyca» investiga el presunto amaño de contratos con desvío de fondos públicos de los consistorios mediante adjudicaciones irregulares. El dispositivo, instado por la Fiscalía Anticorrupción y un juzgado de El Vendrell, perseguía, entre otros delitos, malversación, blanqueo de dinero, organización criminal y prevaricación, y tenía como eje sobre el que gravitaba la actuación fraudulenta de esas corporaciones locales la empresa de consultoría Efial, con sede en Barcelona, y que, según los investigadores, asesoraba para evitar la labor supervisora del secretario y el interventor municipales. Los agentes arrestaron a una docena de personas, entre ellos dos ex alcaldes de Convergència; uno de ellos, Josep Manel Bassols, antiguo director de campaña –en las municipales de 2011– del actual presidente catalán y ex alcalde de Gerona, Carles Puigdemont. Y es que la mayoría de los ayuntamientos bajo sospecha están gobernados por el partido de Artur Mas y Puigdemont. De nuevo, el foco de la corrupción se ha centrado sobre la formación que fuera casi hegemónica en la comunidad autónoma, y que ostenta hoy la responsabilidad de gobernar Cataluña junto a ERC. Las actuaciones judiciales que persiguen las conductas delictivas de los servidores públicos deben ser bienvenidas, siempre con la presunción de inocencia como salvaguarda para todos los implicados. Cada una de ellas nos acerca al objetivo de contar con unas instituciones transparentes de las que sentirnos orgullosos. La corrupción es una lacra que nos degrada como país y como sociedad y de la que ninguna sigla está a salvo. Por eso, y con todos estos condicionantes previos, sorprendió tan negativamente la reacción del Gobierno de Cataluña. Su portavoz, Neus Munté, no respondió con pesar y decepción por la implicación de varios ayuntamientos de Convergència ni mostró satisfacción por el hecho de que el Estado de Derecho fuera capaz de descubrir y actuar contra comportamientos delictivos, sino que se encargó de arremeter contra el Gobierno central y, en concreto, contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Munté acusó al titular de Interior de ser el «autor intelectual» de la operación y de montar un circo mediático a escasos días del congreso convergente, mientras que otros dirigentes del partido hablaron de una actuación de «cloaca» para hacer daño a CDC y al proceso separatista. Es posible, pero poco probable, manifestarse con más irresponsabilidad y desatino. No es el partido de Mas, Pujol y Puigdemont el más indicado para dar lecciones en la lucha contra la corrupción, sino más bien al contrario. Referirse a los casos del 3%, Pujol, Palau, ITV, Adigsa y Port Vell es retratar las cloacas de un partido que, no lo olvidemos, tiene sus sedes embargadas y está en un proceso de borrado de sus antiguas siglas en un intento de desengancharse de la imagen que le ha conducido a la decadencia electoral. Si Convergència ha pasado de ser un partido predominante a uno que apunta a residual, ha sido en muy buena medida por sus escándalos. En su momento eligieron encubrir y tapar en lugar de sanear y ventilar. Culpar al ministro del Interior es un recurso ridículo que deja en evidencia a su protagonista. Para mayor vergüenza, hasta la CUP se desmarcó de ese discurso disparatado y recordó que la investigación fue consecuencia de la denuncia de una ex concejala de ERC en Torredembarra. Mal que les pese a Mas, Puigdemont y Munté, lo acontecido ayer es sencillamente otro episodio de la legítima e imprescindible pugna del Estado de Derecho contra aquellos que convierten el servicio a los demás en una ocasión para lucrarse a costa de las arcas públicas. Fue una actuación bajo control judicial y de la Fiscalía en una lucha que dignifica a la democracia y denigra a los que utilizan retorcidas acusaciones para encubrir la realidad.