La corrupción ante las urnas

Se suele hablar muy a la ligera de la «tangentópolis» española, como si fuera el macroproceso contra la corrupción que, a principios de los 90, abrió en canal el sistema de partidos en Italia puesto en marcha en 1948, inauguró el ciclo político de Berlusconi y permitió la irrupción de un populismo separatista en las ricas regiones septentrionales, encarnado por la Liga Norte, contra el sur improductivo y defraudador. Este caso no sólo no tiene nada que ver con nuestro país desde el punto de vista cuantitativo –estaban implicados ministros, diputados, senadores, miles de empresarios e incluso los ex presidentes del Consejo–, sino que evidenció que la corrupción en Italia afectaba a órganos fundamentales del Estado, invadidos por la cultura de la «tangente» (soborno) y que muchas de las grandes decisiones políticas y económicas acababan beneficiando a las tradicionales mafias nacionales. El desconcierto creado por la revelación en poco tiempo de casos como la «operación Púnica», las «tarjetas black» de Caja Madrid, la red creada por la familia Pujol o los ERE de Andalucía, que cubren todo el abanico ideológico, ha desarrollado la percepción de que el sistema está podrido. No es así, aunque dar una visión apocalíptica de la realidad española simplifica el diagnóstico de los hechos y, sobre todo, impide dar con soluciones eficaces. No se puede hablar de una corrupción generalizada a punto de provocar el colapso de lo que el nuevo populismo justiciero denomina «régimen del 78». Han sido los poderes del Estado, y en especial la Justicia, los que han sacado a la luz estos casos. Esto no quiere decir que su desarrollo en los últimos tiempos no tenga que ver, por un lado, con la confirmación de que la corrupción, hasta ahora, no era penalizada por el electorado, o lo era poco. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, ha existido una falta de medios evidente para enfrentarse a redes infiltradas en la piel de la Administración. Según la memoria de 2013 del Consejo General del Poder Judicial, había 1.661 causas abiertas por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraude, falsedad de documentos, prevaricación...), con más de 500 imputados, aunque poco más de veinte políticos cumpliendo pena. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se hace urgente, y a ello se ha comprometido el Gobierno, lo que evitaría los macroprocesos con decenas o centenares de encausados, como el «caso Malaya» (en el que, además, se tardó ocho años en dictar sentencia), o la limitación de tiempo en la instrucción de los procesos que impida que se alarguen en el tiempo, trasmitiendo la sensación de impunidad e impotencia para luchar contra este fraude. A diferencia de otros momentos, tal vez ahora la sociedad española es más madura y sí castigue la corrupción ante las urnas.