La Diada refleja el fracaso del «proceso»

De nuevo la Diada. Las mismas banderas, los mismos gritos, lemas, consignas. Pero mucho menos gente. Y el frente nacionalista desunido por el único objetivo alcanzable: quién se hará con la Generalitat. Entrar en la guerra habitual de cifras no lleva a nada cuando la diferencia es abismal –se ha reducido a la mitad respecto al año pasado el número de participantes–, sobre todo porque oculta el único hecho relevante en la situación política catalana: la Generalitat hace nueve años que no gobierna e invierte todas sus energías –y presupuesto necesario– en romper por la fuerza el orden constitucional español. Nadie duda del civismo de los miles de congregados –ni un papel en el suelo es el lema–, pero se produce la envenenada paradoja de que los objetivos por los que se manifiestan son absolutamente anticívicos: van en contra de la paz civil, de las leyes comunes de un Estado democrático como el español y son una imposición al conjunto de la sociedad catalana. Durante el tiempo en el que se ha desarrollado el «procés» independentista, pero también desde que la hegemonía nacionalista se ha convertido en una maquinaria implacable, sin que exista sector social donde imponga su doctrina, se ha construido una falacia ideológica con la que acusar a la democracia española de cercenar las libertades civiles de Cataluña. Precisamente una de las democracias del mundo más plenas, cuando han sido los dirigentes de la Generalitat los que han fabricado un marco político y mental en el que un verdadero golpe contra la legalidad democrática –ahora a la espera de sentencia del Tribunal Supremo– quiera presentarse como un simple acto de participación política en aplicación de un inexistente derecho de autodeterminación, sólo ejercitable desde el estatuto de colonia, algo que Cataluña nunca ha sido. Como ejemplo está el hecho de que los Mossos d’Esquadra atribuyen un delito de «desórdenes públicos» por hacer sonar el himno español desde la ventana de un hotel, mientras sonaba «Els Segadors» en la ofrenda floral del gobierno de Joaquim Torra. Por contra, militantes de la CUP han quemado fotografías del Rey en la puerta de la Catedral, sin que la policía autonómica interviniera, acogiéndose, claro está, al derecho de libertad de expresión de los manifestantes. Esta es la diferente vara de medir que la Generalitat aplica, que, más allá de la anécdota, ha provocado un honda división social y la evidencia de que ya no es una institución de todos los catalanes. Tampoco lo es la celebración de la Diada, hoy una movilización más del independentismo, exclusivista y reflejo de la Cataluña que ha diseñado el nacionalismo: la de un «solo pueblo». Las cifras de asistentes reflejan esa pérdida de apoyo: del millón en 2018 –según fuentes de la Guardia Urbana– a los 600.000 de ayer. El proyecto de «construcción nacional» no cuenta con el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana y todo lo que sea imponerlo supondrá el deterioro de la propia comunidad, de sus instituciones y del bienestar de los ciudadanos. Por más que les duela a los dirigentes independentistas y a sus fieles –la verdad es así–, la intentona de octubre de 2017 fracasó. Creyó que podía quebrar al Estado, pero éste resistió un ataque sin precedentes en nuestra democracia. Estos son los hechos y no admitirlos o querer apaciguar al independentismo, que sigue amenazando desde la misma presidencia de la Generalitat que «volveremos a hacerlo», como Pedro Sánchez cree todavía –suponemos que sólo para sumar votos y continuar en La Moncloa–, es eludir el verdadero problema. Si el nacionalismo no renuncia a sus objetivos de volver a declarar la independencia y acepta el marco constitucional en el que Cataluña ha desarrollado con plenitud su autogobierno, el Estado de Derecho deberá de nuevo actuar con todos sus medios.