La Infanta debe ser desimputada

La Razón
La RazónLa Razón

El maratoniano interrogatorio al que fue sometida la Infanta Cristina a lo largo del día de ayer en los juzgados de Palma de Mallorca marca un punto de inflexión en el llamado «caso Nóos», que durante los tres últimos años y medio ha sido utilizado como arma arrojadiza no sólo contra ella y su marido, Iñaki Urdangarín, sino también contra el Rey y la Familia Real con ánimo de erosionar el crédito de la institución monárquica. La manipulación política, en especial por la izquierda nostálgica que se envuelve en la bandera republicana y por determinados medios de comunicación populistas, ha acompañado todos y cada uno de los pasos que, con mucha parsimonia, ha ido dando el juez instructor. El momento culminante, el que con tanta ansia aguardaban, era la comparecencia de ayer, con paseíllo incluido por la rampa del juzgado que sólo se utiliza los sábados.

Finalmente, y atendiendo a las indicaciones de las Fuerzas de Seguridad, la Infanta cubrió a pie sólo el último tramo, lo que hizo con aplomo y naturalidad. Quienes confiaban en que el espectáculo alcanzara la intensidad dramática de un ajuste de cuentas es probable que hayan quedado defraudados. En todo caso, a partir del trámite de ayer, el proceso entra en una fase completamente distinta de la que, con toda probabilidad, quedará excluida Doña Cristina. En realidad, no había fundamento sólido ni indicios penales suficientes para imputarla, como demostraron claramente el fiscal anticorrupción, el abogado del Estado y los técnicos de la Agencia Tributaria. No obstante, el empecinamiento del juez Castro en tomarle declaración, sí o sí, convenció a la defensa, y también a la Familia Real, de que era preferible afrontar el trance del interrogatorio antes que recurrirlo ante la Audiencia Provincial por segunda vez y dilatar todavía más un proceso que, muy expresivamente, ha sido calificado de «martirio». Es de esperar que el juez haya satisfecho plenamente su anhelo tras haberle formulado casi 400 preguntas durante cinco horas, después del interrogatorio del fiscal Horrach, que duró casi otra hora más, y tras los 30 minutos empleados por el abogado del Estado y por la defensa. Muy a su pesar, la acusación popular, formada por Manos Limpias y la pintoresca asociación cordobesa que a última hora se personó en la causa con el beneplácito del juez, apenas tuvieron protagonismo. Con buen critero, Castro cortó de raíz un conato de mitin de Manos Limpias y advirtió de que, tras seis horas y media de interrogatorio, sus preguntas eran reiterativas. Como es natural, la Infanta defendió su inocencia y la corrección de su proceder y reafirmó su desvinculación de la gestión de la sociedad Aizoon, que administraba su marido, en el que siempre ha confiado. A juicio de sus abogados, Roca y Silva, Doña Cristina realizó una declaración sincera, leal, humana, ejemplar y convincente. Dicho de otro modo, la Infanta ni ocultó ni desveló nada nuevo que no hubiera acreditado ya el fiscal anticorrupción. Si el juez Castro esperaba encontrar algún secreto oculto o la clave que confirmara sus sospechas, seguramente se haya llevado una decepción. Si decidió imputarla no fue porque tuviera pruebas irrefutables sobre la comisión de fraude fiscal y blanqueo de capitales, sino porque albergaba dudas y le inquietaban algunas sospechas. Confiemos, por tanto, en que Doña Cristina le haya ayudado a despejar sus inquietudes procesales. A partir de aquí, el magistrado debe decidir si sigue adelante con la imputación y la eleva a formal o si, por el contrario, da carpetazo a la parte del sumario que afecta a la Infanta y la desimputa. Lo lógico y lo congruente, a tenor de todo lo instruido, sería que el juez confirmara la nula responsabilidad penal de Doña Cristina. Por otra parte, ya es hora de que, después de tres años y medio de investigación exhaustiva, su señoría ponga punto final a un sumario de casi 60.000 folios, confirme o levante la imputación a las 30 personas señaladas y eleve sus conclusiones a la instancia pertinente. No se le puede negar al juez Castro su laboriosidad, su tesón y su entrega profesional. Cosa distinta es que le hayan acompañado el acierto e incluso la pericia técnica a la hora de valorar determinados entresijos del Derecho Tributario.

Sea como fuere, ha quedado plenamente demostrado que la hija del Rey no sólo no ha recibido ningún trato de favor, sino que ha sido tratada con más exigencia y rigor. No sin razón, el fiscal Horrach ha afirmado que si se le ha imputado no es por lo que hizo o dejó de hacer, sino por lo que es y lo que representa. Por lo demás, conviene subrayar el perfecto funcionamiento de nuestras instituciones, empezando por la Justicia y las Fuerzas de Seguridad, ante un episodio que ha sido calificado de histórico y que ha tenido un gran impacto social, incluso fuera de nuestras fronteras. Hechos así ponen a prueba la solidez de un Estado de Derecho y el resultado no puede ser más satisfactorio para todos los ciudadanos.