La izquierda politiza el drama

La Razón
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Las estadísticas del aborto en 2012 sirvieron ayer para que la izquierda reivindicara la ley de 2010 que convirtió la interrupción voluntaria del embarazo en un derecho. Según el Ministerio de Sanidad, el pasado año se realizaron 5.869 abortos menos que el anterior, lo que supone una reducción del cinco por ciento. Lo primero que hay que dejar sentado es que cualquier disminución es una buena noticia porque quiere decir que, en este caso, se han salvado casi 6.000 vidas. Pero después conviene adentrarse en el análisis para evitar conclusiones demasiado generalistas y, por tanto, desenfocadas. Atribuir a la «ley Aído» el mérito de lo ocurrido en 2012 es una lectura simplista e interesada, entre otras cosas, porque, bajo la misma normativa, el número de abortos creció en más de 5.000 en 2011. Según los expertos, hay otras circunstancias que han influido en el balance final, como es la caída del número de mujeres inmigrantes en edad fértil en nuestro país, que pasó de 132.334 en 2011 a 105.631 en 2012, con especial incidencia en las mujeres iberoamericanas, que pasaron de las 49.862 a 38.701, además del aumento del consumo de la píldora del día después. Son elementos que sirven para encuadrar de forma más realista la reflexión sobre la evolución del número de abortos. Con todo, la izquierda en general y el PSOE en particular no perdieron un minuto de sus comparecencias en el aspecto más dramático y trascendente de la estadística: los más de 112.000 abortos que se practicaron en 2012, que representan decenas de miles de tragedias individuales y un gran fracaso colectivo. Cabría esperar de políticos responsables que esas 112.000 interrupciones no se interpreten como un canto a la libertad. La izquierda ha apostado por instrumentalizar el aborto desde el primer minuto. El PSOE no ha dejado espacio ni margen para el diálogo o la reflexión sobre un asunto especialmente sensible y complejo que convulsiona la vida de las personas. Ha elegido la trinchera y el grito contra la reforma aprobada por el Gobierno después de arrogarse la representación de una mayoría social, como si los casi once millones de españoles que respaldaron el programa del PP que contenía la modificación de la ley del aborto, no contaran. El recurso al Tribunal Constitucional, anunciado por Susana Díaz –no por Rubalcaba–, las movilizaciones y la ofensiva parlamentaria en España y en Europa es una estrategia al servicio de la política de partido, cuando la política debería servir a la sociedad en un asunto en el que la vida y el futuro de decenas de miles de madres e hijos están en juego. De momento, la Comisión Europea recordó ayer que la regulación del aborto es competencia de cada país y la Eurocámara votó en contra de considerarlo un derecho hace unos días. Los socialistas están a tiempo de escuchar al menos a Europa y de anteponer el bien común a sus prácticas cortoplacistas y menores.