La izquierda rompe el consenso

Presentar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos como el momento en el que España alcanza la democracia plena es una distorsión de la realidad. Decir que era una cuestión que afectaba a la «dignidad de este país» es, valga la redundancia, indigno. Así se expresó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al dar a conocer el real decreto por el que se pondrá en marcha la apertura de la tumba del que fue Jefe de Estado. No esconden estas palabras la intención de presentar a Pedro Sánchez como único presidente de nuestra democracia que ha sido capaz de emprender la gesta. Podría haber utilizado otra fórmula para anunciarlo y evitar una ofensa de tal calibre: «Ningún país que se sienta digno consigo, ninguna democracia de nuestro entorno ha sostenido una situación así cuarenta años». Sánchez, que llegó la Gobierno sin programa, ha conseguido poner en el primer lugar de su agenda política aspectos ideológicos con los que marcar un terreno político venenoso, de ahí que haya optado por la fórmula del real decreto para solventar un asunto sobre el que ya se había pronunciado el Congreso de los Diputados en mayo de 2017 sin ningún voto en contra de la exhumación de Franco. Dado que no es común que se dé esta unanimidad y que sea además sobre una cuestión que históricamente había delimitado la frontera de la Transición, hubiera sido una ocasión para profundizar en ese acuerdo. No se ha hecho, tal vez porque no era el objetivo de este Gobierno participar en un consenso que de verdad sirviera para entender la memoria histórica no como un espacio de enfrentamiento –con idénticos bandos que en la Guerra Civil, por supuesto–, sino un terreno para forjar un nuevo pacto, precisamente ahora coincidiendo con el 40 aniversario de la constitución y un momento en el que es frontalmente atacada. La urgencia esgrimida para justificar el uso del decreto no se sostiene. Primero, porque el acuerdo unánime de mayo de 2017 precisamente evitaba esa herramienta legal y abría las puertas para el diálogo pedagógico que evitase la trinchera franquistas/antifranquistas, inexistente en el Parlamento y en la sociedad española. Segundo, porque es falso que exista una recomendación oficial de la ONU, como Carmen Calvo expuso: se trata de la recomendación de un relator del organismo «para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición». Ni es lo mismo, ni el Gobierno debería esforzarse en situar a España entre las naciones que vulneran los derechos humanos para defender sus argumentos. En cuanto al decreto, se basa en añadir un párrafo en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 –los dos primeros se refieren al uso estrictamente religioso de la basílica y la prohibición de actos de exaltación de la Guerra Civil y el fraquismo– referente a qué restos deben custodiarse en la basílica: «En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda». Es intención del Gobierno que se interprete en el sentido de que Franco no fue una víctima de la guerra, sino que tras 40 años de dictadura murió por causas naturales y, que por lo tanto, sus restos deben estar en otro lugar. Es una artimaña legal que no está a la altura de la madurez de la sociedad española y de la democracia que nos hemos dado. Se abre un proceso largo, que necesitará la conformidad de la familia, el asentimiento de la Iglesia –«acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo»–, sin descartar recursos y, lo que será peor: el ejercicio de tergiversación histórica en el que la izquierda, una vez más, culpará a sus adversarios de todas las causa de la Guerra Civil. La agenda política ya está marcada: ofensiva independentista en Cataluña, impedir el veto del PP en el Senado y desenterrar a Franco.