La justicia belga no tiene más salida que entregar a Puigdemont

La justicia belga deberá tomar declaración mañana al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de haber huido y haberse refugiado en Bruselas, eludiendo de esta manera una citación de la Audiencia Nacional. Un juez belga –que será elegido sólo 30 minutos antes del comienzo de la vista– deberá decidir, después de que sean expuestos los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, sobre su extradición, tal y como fue solicitada a través de una euroorden por la magistrada Carmen Lamela. El magistrado tomará una decisión en un plazo de 10 días, aunque los posibles recursos posteriores alargarán el proceso hasta más allá del 21 de diciembre, fecha de las elecciones autonómicas. Estos plazos están dentro de lo previsto en la campaña electoral de Puigdemont y de su intento a la desesperada de presentarse ante Europa como la víctima de una «dictadura» como la española y como el responsable de un golpe contra la legalidad democrática. El líder separatista –aunque cada vez más cuestionado entre sus correligionarios– querrá ganar tiempo y convertirse en el único motivo de campaña electoral. De él y de su llamado «estado mayor» podemos esperarlo todo con tal de dañar a nuestro país, pero lo fundamental es que hay motivos legales para que sea devuelto a España cuanto antes. Bélgica fue elegida no sólo por el apoyo que los independentistas catalanes recibirían de los nacionalistas flamencos, sino, y sobre todo, por su sistema jurídico especialmente garantista en los casos de extradición. El debate estará centrado en el requisito de que exista la doble incriminación –es decir, que de lo que se le acusa sea delito en España y en Bélgica–, que al no concurrir, impediría la devolución de Puigdemont y los ex consejeros. Al no existir los delitos de rebelión y sedición en el código belga, impediría que se pusiera en marcha la euroorden. Sin embargo, lo fundamental del caso no reside en que dichos delitos existan nominalmente, sino que los hechos concretos de los que se le acusa estén registrados en la legislación belga en los casos recogidos por la Decisión Marco del Consejo de Europa de junio de 2002. Los casos por los que se incriminan a los dirigentes separatistas huidos son excepcionales por su fondo políticos y, mientras el de malversación de fondos públicos si está recogido en la legislación belga –motivo suficiente para poner en marcha la devolución–, los de rebelión y sedición no aparecen de manera evidente. Sin embargo, precisamente por esta excepcionalidad y en aplicación del criterio de mutua confianza –no escrito, pero sí muy tenido en cuenta– entre miembros de la UE, la justicia belga no tendrá mucho margen y se verá obligada a ejecutar la extradición. Dicha confianza tiene una base real: las funciones del Ministerio Público español están representadas por la fiscalía belga. El principio al que se acoge Puigdemont es de base falso y propagandístico, pues decir que la huida –o el exilio, para ser aún más falaces– se debió a que en España no se aseguraba un juicio justo obligará a que el Supremo deba confiar en un Estado democrático y destacado miembro de la UE. Puigdemont tendrá que demostrar que no va a tener un proceso con garantías con el objetivo de provocar la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero será difícil que pueda mostrar pruebas que presente a un país donde no se respetan las ideas políticas.