La justicia lenta no sirve contra la corrupción

La necesaria lucha contra la corrupción, que debía haber unido en un frente común a toda la clase política española, ha derivado en muchos casos en la prosecución del enfrentamiento partidista por otros medios, sin que nuestro sistema procesal haya sido capaz de evitar, siquiera paliar, los daños morales causados por unos juicios políticos que han convertido en reos de la picota a cualquier persona citada en un procedimiento. En demasiados casos, como el de la senadora Rita Barberá, el derecho a la presunción de inocencia ha saltado por los aires, diluyéndose la frontera entre la instrucción judicial y el linchamiento público. Parte de la responsabilidad hay que atribuirla a la lentitud del sistema judicial que, por las razones que sean, alarga lustros la investigación de las causas. La última reforma legal impulsada por el Gobierno –limitando el tiempo de instrucción a 18 meses– no tendrá efecto ante la facultad concedida a jueces y fiscales de prorrogar los plazos cada seis meses. Si en menos de un año la Justicia norteamericana dictó sentencia sobre una estafa de alcance mundial como fue la de Bernard Madoff, no se entiende que en España asuntos mucho menores se alarguen siete u ocho años, llegando, incluso, a prorrogar extraordinariamente la prisión preventiva de los acusados.