La Ley actúa contra ETA

La puesta en libertad del ex dirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola «Santi Potros» el pasado 4 de diciembre, junto a otros miembros de la banda que habían cumplido penas de cárcel por múltiples delitos de sangre, provocó estupor en la sociedad española y, de manera especial, en el colectivo de familiares y amigos de las víctimas del terrorismo. Su excarcelación fue una decisión de la Audiencia Nacional, que contabilizó la condena en cárceles francesas, según una normativa europea de acumulación de penas. Su puesta en libertad, después de 27 años de prisión por haber ordenado decenas de atentados, fue dolorosa, pero la grandeza del Estado de Derecho es cumplir la Ley y hacerla cumplir. «Santi Potros» fue detenido ayer en Lasarte (Guipúzcoa) por orden del juez de instrucción de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por dos causas que tenía pendientes: un atentado, en Barcelona, en 1987, contra una patrulla de la Guardia Civil, que le costó la vida a un transeúnte, y el intento de asesinato del fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en 1986. El nuevo arresto del ex dirigente etarra se produce en virtud del convenio europeo de extradición que permite la persecución y detención por causas pendientes si, tras quedar en libertad, no ha abandonado España en 45 días. De esta manera, pasado este plazo de tiempo, ni un día más ni un día menos, ha sido detenido. El mayor objetivo del terrorismo es acabar con el Estado de Derecho, pero nuestro sistema ha vuelto a demostrar que funciona, que el delito debe responder ante la Justicia y que de nada habrían servido cerca de 900 muertes si no se aplicara la Ley de manera estricta. ETA ha sido derrotada, sus objetivos han acabado en el estercolero de la historia y centenares de sus militantes cumplen penas por los crímenes cometidos. Hasta que esta organización terrorista no se disuelva, entregue las armas y responda de los muchos atentados cometidos, la Ley debe seguir actuando y las fuerzas del orden, persiguiéndoles. La AVT mostró ayer su satisfacción por esta decisión del juez de la Audiencia Nacional y, por su parte, el Gobierno, a través de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, destacó que esta operación demuestra que el Estado de Derecho ha actuado. Quedan 314 asesinatos sin condena y la responsabilidad penal por 134 muertes ya ha prescrito. No son cifras, sino personas. Ayer, el partido del Gobierno quiso mostrar su apoyo a las víctimas en un acto en Bilbao y expresar con claridad que sigue actuando para poder cerrar un día con toda la dignidad este capítulo negro de nuestra historia. Contra el terrorismo etarra se luchó con la Ley en la mano y con ella debe continuar su persecución hasta que anuncien su disolución definitiva.