La Ley, solamente la Ley

Sin pretender rebajar ni un ápice la gravedad de la actuación de la Generalitat de Cataluña, con su palmario desprecio a la norma y a las disposiciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, no se debe caer en el fácil expediente de transferir la responsabilidad al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exigiendo respuestas supuestamente contundentes, pero de dudosa viabilidad jurídica y cuyas consecuencias políticas, difíciles de medir, podrían acabar favoreciendo a los impulsores del desafío contra el Estado. Más aún, cuando el presidente del Gobierno ha demostrado a lo largo de todo el proceso un escrupuloso respeto al marco legal, recurriendo a los tribunales de Justicia todas aquellas actuaciones de la Generalitat que se consideraban contrarias a Derecho y manteniendo con serenidad no exenta de rigor la defensa de los principios constitucionales y del marco democrático de convivencia de todos los españoles. Por supuesto, siempre se puede discrepar de la postura adoptada por Mariano Rajoy, destacando las hipotéticas bondades de otras estrategias, incluso las que se sirven de la cortina de humo de una inviable reforma de la Constitución, pero en honor a la verdad y desde el respeto a los hechos, nadie podrá señalar una sola acción del Gobierno, un solo gesto que pueda interpretarse como una cesión a las inicuas pretensiones de los separatistas catalanes. Incluso podríamos añadir el cuidado con el que Mariano Rajoy ha sabido distinguir entre los que quieren la ruptura de la unidad nacional y el conjunto de la sociedad catalana, a la que en ningún momento ha dejado desasistida en sus derechos y necesidades, en unos tiempos de graves dificultades económicas y con un Gobierno autonómico incapaz de afrontar los desafíos de la crisis. Con la agravante de que hay otros actores concernidos a los que seguramente cabría reclamar explicaciones. Comenzando por el Tribunal Constitucional que, tras sus resoluciones, no consideró necesario demandar el correspondiente auxilio judicial; siguiendo por la Fiscalía General de Estado, que no impartió las debidas instrucciones a los fiscales catalanes y se contentó con emitir una timorata nota, y terminando por los jueces y magistrados que, en uso de su independencia como uno de los tres poderes del Estado, no tomaron medida alguna para restaurar la legalidad tan groseramente conculcada. Y sin embargo, la Ley se impondrá, como no puede ser de otra forma, y nadie debería esperar de Mariano Rajoy otra cosa que la procura de que los tribunales actúen con rigor. De hecho, hoy está previsto que la Fiscalía presente las correspondientes querellas ante el TSJC, pues la farsa del 9-N llevada a cabo por la Generalitat no supone ningún cambio con respecto a las reglas del juego. Ni, por cierto, tampoco modifica la realidad tozuda de que dos tercios de los catalanes son ajenos al separatismo.