La oposición constitucional debe mantenerse unida en Cataluña

El pasado 27 de octubre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocó elecciones autonómicas en aplicación del artículo 155. Horas antes de ese mismo día, el Parlament declaraba «la república catalana como Estado independiente y soberano». El día 30, el presidente de la Generalitat en funciones, Carles Puigdemont, huía a Bélgica para no responder ante la Justicia, abandonando a su suerte a la recién proclamada «república catalana». Su intención era pedir asilo y crear un problema diplomático, expresión de la tan deseada «internacionalización del conflicto» y, en definitiva, provocar la desestabilización de España. En este contexto había que celebrar unas elecciones que permitieran que la política catalana volviera a la racionalidad. Se celebraron el 21 de diciembre y ganó Ciudadanos, con 1.109.732 votos y 36 diputados, lo que suponía que, por primera vez, un partido que no reclama la tradición catalanista, ganaba las elecciones. Sin embargo, la suma de los dos partidos independentistas, JxC y ERC, les permitiría seguir manteniendo la mayoría y gobernar. Estas dos últimas formaciones pelean ahora por la hegemonía nacionalista y no acaban de definir su estrategia de cara al futuro: renunciar a la unilateralidad o situarse en la ilegalidad con las consecuencias penales que se derivan. Puigdemont sigue en Bruselas y Junqueras en Estremera. Un sondeo de NC Report que publicamos hoy muestra que, de celebrarse de nuevo elecciones, los independentistas descenderían en un porcentaje superior a los constitucionalistas. Los ex convergentes y los de ERC caerían un 0,8% cada uno, además del 0,9% los antisistema de la CUP. CEC-Podemos es penalizado con un diputado por su calculado entendimiento con los separatistas. Por contra, Cs pierde el 0,4% –aunque ganaría un diputado–, el mismo porcentaje que el PSC, mientras el PP recupera 59.300 votos –después del llamamiento a voto útil– y el diputado con el que podría tener grupo parlamentario y que Arrimadas incomprensiblemente le niega. En definitiva, el constitucionalismo se consolida y crece, mientras los separatistas caen en intención de voto –la CUP perdería un escaño–. Estos datos evidencian el desgaste del «proceso» y la estrategia suicida de provocar el choque con el Estado. Ya sabemos cuáles son las consecuencias. Pueden forzar hasta lo indecible la investidura de Puigdemont, reformar el reglamento de la Cámara para que desde Bruselas presida la Generalitat –en contra de los consejos de los letrados–, incluso que acuda al Parlament y nos ofrezca un esperpento. Sin embargo, el recorrido sería el mismo: recurrir ante el Tribunal Constitucional si de nuevo se infringe la legalidad. Por lo tanto, no hay más camino que la vuelta al orden constitucional y estatutario y renunciar a la vía unilateral. Lo realmente alarmante es que los partidos independentistas llevan tantos años dedicados a la agitación, que han dejado de gobernar y ni cuentan con equipos solventes. Basta repasar el último gobierno autonómico para comprobar que sólo se trataba de un gabinete de militantes radicalizados. El fortalecimiento del constitucionalismo y el que por primera vez los no nacionalistas se hayan podido expresar libremente, plantea una situación diferente: los planes de los independentistas deben encontrar una oposición firme y racional en el Parlamento. Esperemos que se hayan aprendido las lecciones de pasado.