La parálisis política cuesta dinero

Algo más de trece millones de euros, sólo en sueldos, complementos salariales e indemnizaciones de los diputados españoles, puede costar a las arcas públicas una nueva legislatura fallida si, como parece, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no consigue los apoyos suficientes para la investidura y se deben repetir las elecciones el próximo mes de noviembre. Se nos dirá, y tendrán algo de razón, que esos trece millones no son nada comparados con el despilfarro mil millonario en subvenciones empresariales inútiles, denunciado por la Autoridad Fiscal; las decenas de miles de euros diarios que hay que pagar a Francia para que trate nuestros residuos nucleares, porque los políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en décadas para aprobar la imprescindible instalación; de las pérdidas millonarias en la industria del automóvil por unas declaraciones alarmistas de la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por no hablar de los dineros de la Gürtel o de los quinientos millones de los ERE de Andalucía. Y, sin embargo, la cuentas de ese dinero público significan mucho más: son el recordatorio del daño mayor que causa a la sociedad española la parálisis política. No es sólo que la economía nacional se esté rigiendo bajo unos presupuestos prorrogados, cuando nos hallamos ya a mitad del ejercicio, o que hayan transcurrido 118 días desde que el Congreso de los diputados aprobó la última Ley Orgánica o que Pedro Sánchez lleve 71 días encabezando un Gobierno en funciones, sin control parlamentario alguno, sino que unos diputados elegidos el 28 de abril pasado, solamente han acudido a un Pleno y, en breve, gozarán de dos meses de vacaciones pagadas. Por no hacer, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ni siquiera ha constituido las Comisiones parlamentarias, como si intuyera que la actual Cámara tiene sus días contados. Ciertamente, hay ciudadanos que consideran, con un cierto punto de cinismo, que es mejor un Gobierno que no gobierne, porque incurre en menos errores y no puede subir más los impuestos, pero no deja de ser una «boutade». Desde que el PSOE ejecutó su moción de censura el pasado 1 de junio de 2018, con la imprescindible colaboración del PNV, que acababa de apoyar los Presupuesto del Estado y, ahora, se ha visto compensado por los socialistas en Navarra; España lleva un año sin un Gobierno estable o, lo que es peor, bajo un régimen excepcional legislativo a base de decretos leyes –los llamados «viernes sociales»– que han supuesto un incremento real y contable del gasto público, sin que esté muy claro cuáles van a ser las nuevas fuentes de financiación, salvo las anunciadas subidas de impuestos. No parece tener prisa el presidente del Gobierno, volcado en las actividades de la política exterior, ya sea en Bruselas o en Osaka, cuando a menos de 15 días de comenzar la sesión de investidura todavía no se ha sentado a negociar en serio los apoyos necesarios. Como venimos insistiendo desde estas mismas páginas, el candidato socialista tiene dos posibilidades factibles, si bien se excluyen entre sí. Puede buscar un pacto de Gobierno con Albert Rivera, puesto que el PSOE y Ciudadanos suman una cómoda mayoría absoluta en la Cámara, o inclinarse por repetir con Podemos y los nacionalistas. Por supuesto, en cualquiera de los dos casos, el candidato socialista tendrá que negociar las condiciones del acuerdo. Lo que no parece razonable es que demande abstenciones y votos de apoyo sin ofrecer nada a cambio, y bajo la indisimulada amenaza de repetir las elecciones generales en noviembre, con la premisa de que su partido mejorará los resultados a costa de Pablo Iglesias y de Albert Rivera. Mientras, la caja del Congreso seguirá pagando puntualmente los sueldos.