La peor perversión del sistema

Los últimos casos de corrupción que estos días han salido a la luz parece que han marcado una línea que la sociedad española no está dispuesta a pasar: la complicidad con la perversión del sistema democrático, en el que se puede convivir con políticos que actúan en beneficio propio y, por lo tanto, en detrimento del bien común. La madurez de nuestra democracia debería impedir la corrupción. Esa frontera está claramente marcada y será la que defina las opciones políticas, más allá de la ideología, incluso echando por tierra la labor de gobierno, por más positiva que ésta sea. La corrupción lo destruye todo. Es necesario reaccionar para, en primer lugar, poner remedio eficaz con leyes a esta plaga y, en segundo lugar, para no caer en el escepticismo e impedir que la política sea considerada el problema y no la solución. Mariano Rajoy, consciente de la alarma social que ha disparado la «operación Púnica», se disculpó ayer por los casos de corrupción que han afectado al PP. «Pido perdón en nombre del Partido Popular a todos los españoles», dijo en el Senado, un gesto que no soluciona el problema, pero indica el compromiso personal en poner todas las medidas que están en manos del Gobierno para evitar las prácticas ilegales dentro de la política, lo que supondrá una limpieza en profundidad del propio PP, que no puede permitirse tener entre sus filas a militantes que se han aprovechado del propio partido para su beneficio, cuando el Gobierno pilota una de las crisis económicas más duras que ha sufrido nuestro país. Rajoy dijo entender y compartir la «indignación de los españoles», pero que, desde su responsabilidad, es necesario ir más allá del lamento y actuar para impedir nuevos casos. En manos de la política está conseguir que a esta noble actividad se dediquen los mejores. Por un lado, deben ampliarse las medidas de anticorrupción que disuadan a aquellos que entiendan la actividad pública como un espacio de negocio más pero, por otro, se debe propiciar un giro cultural que erradique el modelo de político entronado en la opulencia y los privilegios por servidores públicos bien formados, comprometidos con el principio básico de la honradez y con capacidad intelectual y ética para saber rechazar el enriquecimiento a costa de los ciudadanos que representa. Sobre esto último, dijo Tácito: «Muchas son las leyes en un estado corrompido». Además de las leyes ya aprobadas, Rajoy es partidario de consensuar con el PSOE el Estatuto del Alto Cargo y el control político-financiero de los partidos. Si no consigue el apoyo socialista sacará solo adelante estas medidas que el país está exigiendo. Hay experiencias europeas, como el caso italiano, que aconsejan no dejar espacio para la «antipolítica» en la que la única solución frente a la corrupción es atacar al propio sistema democrático.