La seguridad no sabe de politiqueo

De las pocas lecturas positivas que pueden extraerse del accidente de Vigo fue que, a pesar de la aparatosidad del derrumbe de la plataforma y de la aglomeración de personas, no hubo que lamentar muertos, así como la magnífica respuesta de los servicios de emergencia. Lo demás nos parece preocupante, cuando no alarmante. Lo primero, los 377 heridos, siete de los cuales están hospitalizados –aunque no se teme por la vida de ninguno–, después de que una pasarela de la zona portuaria con 4.500 personas se desplomara durante la celebración del festival de deporte y música urbana O Marisquiño. Y, a continuación, la guerra política desatada entre las administraciones implicadas en un impetuoso intento de zafarse de responsabilidades. El Ayuntamiento de la ciudad y el Puerto de Vigo, dependiente de Fomento, se dieron prisa en señalarse mutuamente como competentes últimos de la conservación del espacio afectado. El alcalde, Abel Caballero (PSOE), fue el primero en intentar quitarse de en medio: «El Puerto de Vigo tendrá que ver por qué ocurrió», tras precisar en su descargo que no hubo «un problema de mantenimiento», y que «lo que pasó es que se hundió esa inmensa plataforma de cemento que hay debajo de las tablas, sólida, pilotada y anclada... Las tablas son un adorno, no aguantarían ni diez personas». El apresurado alegato en su defensa fue la habilidosa respuesta de un político experto que conocía perfectamente que la zona siniestrada había sido objeto de varias denuncias públicas y sendos accidentes que derivaron en procesos judiciales contra el consistorio. De hecho, el Partido Popular había advertido de la precaria situación tanto del Paseo de las Avenidas como de la zona portuaria con ocasión del certamen O Marisquiño con el deseo de que «no pase nada durante ni después del evento». Desgraciadamente, pasó, mucho menos de lo que pudo ocurrir, pero las más de 4.000 personas que se encontraban allí padecieron momentos de auténtico pánico. Por supuesto, aún es muy pronto para conocer lo que provocó el accidente, pendiente en primer lugar de un peritaje sobre la estructura que determine las causas de lo que sucedió. La autoridad judicial tendrá la última palabra y en el procedimiento se dilucidarán las responsabilidades oportunas. Pero, más allá de los tiempos, la ciudadanía necesita explicaciones de sus representantes y no retórica apresurada para que el foco mediático apunte a otro. Abel Caballero sabe que el Ayuntamiento que preside tiene la competencia del mantenimiento de ese espacio para que se encuentre «en perfecto estado de conservación», en virtud de un convenio suscrito con el Consorcio de la Zona Franca y la Autoridad Portuaria en 1992 para un periodo de 50 años. Como también conoce que la Ley de Espectáculos define atribuciones a la administración local sobre esos certámenes, entre ellas la gestión de los permisos oportunos. Según Abel Caballero, todo estaba correcto e incluso el aforo previsto no se sobrepasó. Se trata de aspectos que la instrucción judicial tendrá que verificar como también si el Consistorio contaba con los informes técnicos oportunos antes de autorizar una concentración tan multitudinaria. En esta ocasión, a diferencia de otras, no hemos tenido que lamentar consecuencias irreparables, pero eso no debe condicionar el alcance de las responsabilidades. Todo lo contrario. Las administraciones deben ser exigentes y exhaustivas en cuestiones de seguridad. En nuestro país, casos como el de Vigo son la excepción, pero nunca está de más recordar que la laxitud y la confianza conducen a la imprudencia y ésta es la antesala de la tragedia.