La UGT, en sede judicial

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido la denuncia presentada por Manos Limpias contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y contra el tesorero del sindicato, Antonio Retamino, por supuestas irregularidades en la administración de fondos de formación laboral que, en buena parte, proceden de la Unión Europea. El magistrado ha pedido a la Fiscalía que aclare si procede dar trámite a la demanda y, en tal caso, si es la Audiencia Nacional el órgano competente para investigar unos hechos que, según se expone en el auto, «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Sin pretender conculcar el derecho a la presunción de inocencia que ampara, como a todos los ciudadanos, a los dirigentes del sindicato socialista, lo sucedido tiene dos consecuencias que no es posible ocultar. La primera, que las sospechas sobre las irregularidades contables de la UGT, hasta ahora mantenidas en el ámbito periodístico, han saltado a sede judicial; y la segunda, que el asunto no se limita a lo conocido en Andalucía, sino que adquiere alcance nacional. UGT se ha apresurado a negar irregularidad alguna en su financiación, al tiempo que se muestra dispuesta a facilitar a la Justicia cuanta información y aclaraciones solicite. Actitud necesaria que, sin embargo, se contradice con la que están manteniendo en la comunidad andaluza, donde ya hay abiertas diligencias por el supuesto desvío de fondos del desempleo para actividades de difícil justificación. Es evidente que a quien más debería interesar el esclarecimiento total de los hechos denunciados es al propio sindicato. Las sospechas de que algunos de sus dirigentes manipulaban facturas, cobraban comisiones u ocultaban dinero por medio de empresas interpuestas tienen una trascendencia que va más allá de uno de los muchos casos de corruptelas que estamos conociendo. Se trataría, nada menos, que de financiación ilegal a trasvés del uso fraudulento de fondos públicos destinados a la lucha contra el paro, en un momento en el que el desempleo sume a muchos hogares en la angustia y la incertidumbre. Se puede discutir si un sindicato es el organismo más indicado para manejar este tipo de fondos, pero lo que no alberga la menor duda es que se debe ser extremadamente cuidadoso y transparente a la hora de emplear los millones de euros que los ciudadanos destinan a una acción social tan necesaria. El reproche puede hacerse extensivo al PSOE y a Izquierda Unida, que gobiernan en Andalucía, por su oposición frontal a abrir una comisión de investigación sobre los hechos denunciados, como si temieran que las informaciones periodísticas no fueran más que la punta del iceberg. Ahora, será la Justicia quien tenga que aclarar lo sucedido, como es pertinente.