La vista de «Gürtel» desmonta la causa general contra el PP de Rajoy

No reveló ayer Francisco Correa, el principal acusado por la «trama «Gürtel», nada que no se supiera tras la larga instrucción del procedimiento judicial. Pero sí puede decirse que, en su defensa, trató de circunstanciar una relación profesional con el Partido Popular en Madrid que comenzó hace 23 años, que se prolongó durante otros 11 y que terminó abruptamente hace 12 años. En tan dilatado periodo de tiempo, el cabecilla de la red trató con muchos responsables políticos, funcionarios y empresarios vinculados al partido o no, a cuenta de una actividad profesional que se basaba en la consecución de contratos públicos. Por supuesto, no todos los que trataron con Francisco Correa lo hicieron espuriamente. No todos se corrompieron, pero, y es preciso señalarlo, también se está juzgando a una época de la historia de España, la de la abundancia propiciada por el «boom» inmobiliario, en la que muchas actitudes públicas que hoy nos parecen de todo punto reprochables no eran percibidas como tales por una buena parte de la sociedad. Por ello, lo que intentó Francisco Correa, con una ingenuidad fingida, fue llevar al ánimo del tribunal que le juzga las circunstancias de aquella España del «tres por ciento» que denunciara Pascual Maragall en la que parecía que el dinero público nacía en los árboles y siempre quedaba una partida en los presupuestos para la atención de «compromisos» ineludibles. Pero si Correa trata de explotar en su favor las debilidades de una instrucción mediatizada políticamente en exceso y lastrada por el tiempo, la Justicia no puede dejarse llevar por ese camino, sino por el que determinan las responsabilidades individuales que están en cuestión. Ni es válido llevar a cabo una causa general contra el Partido Popular, ni se debe obviar que hubo un exceso de laxitud e indiferencia por parte de algunos de sus responsables políticos, comprometidos por acción u omisión en la trama. La Audiencia Nacional discriminará la responsabilidad de cada cual y valorará su grado de implicación. Pero, por eso mismo, tampoco sería válido desdeñar aquellas partes de la declaración del acusado que rechinan a una visión ideológica propia. En el Partido Popular, como ha reconocido Francisco Correa, se produjo un antes y un después tras la llegada de Mariano Rajoy al frente de la formación, que puso fin en Madrid a cualquier tipo de relación profesional con sus empresas. El acusado puede interpretar la ruptura en una cuestión de afinidades personales; está en su derecho. Pero la vista demostrará que en el mismo seno del PP se habían alzado demasiadas voces contra unas maneras de actuar por parte de algunos alcaldes, concejales y funcionarios que despertaban fundadas sospechas. Quienes, a la postre, grabaron durante años a su «protector y amigo» y le denunciaron ante la Fiscalía fueron, como el mismo Correa ha reconocido, dos ex concejales populares expulsados del partido por sospechas de corrupción. La «trama Gürtel» tuvo su lugar en el tiempo y tendrá, cuando se dicte la sentencia, sus culpables, pero, desde luego, no puede ser tratada como un hecho infinito por sí mismo, ni puede manchar a todos los que se desempeñaban en la política durante aquella época. Si algo quedó claro ayer de la confusa estrategia de defensa de Correa, es que el Partido Popular, al menos desde la presidencia de Mariano Rajoy, llevó a cabo un proceso veraz de regeneración interna que, mediante una nueva legislación, extendió al conjunto de la vida pública española.