Los Presupuestos de la desigualdad

Pocos discutirán las necesidades de financiación que tienen comunidades autónomas como Cataluña, Valencia o Andalucía, pero si es perfectamente legítimo disentir de unos Presupuestos Generales, como los presentados ayer en el Congreso, que fundamentan en razones extrapresupuestarias, valga la redundancia, el reparto desigual de los fondos autonómicos, como es el caso catalán, región a la que se asigna la parte del león en base a una lectura política que deroga el principio fiscal por antonomasia de que no son los territorios los que pagan los impuestos, sino las personas, ya sean físicas o jurídicas.

Pero en el caso que nos ocupa, la discriminación en el trato frente a otras comunidades como Madrid, Galicia o La Rioja, que han mantenido a lo largo de toda la crisis una mayor disciplina del gasto público y cuyos residentes, especialmente en el caso madrileño, son contribuyentes netos pero, al parecer, carecen de derechos históricos o de primogenitura en sus normativas estatutarias, hacen aún más flagrante el agravio comparativo al enmarcarse en el actual escenario político. Así, la inversión real prevista en 2019 en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Pedro Sánchez sólo es de un 0,1 por ciento más que en 2018, mientras que la inversión aumenta más del 50 por ciento en Navarra, Valencia y Cataluña; y lo hace en un 44,3 por ciento en Andalucía. La evidencia de que estamos ante un ejercicio de seducción política de los partidos independentistas catalanes viene de las reiteradas declaraciones de los miembros del Gabinete que, como el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, destacan, asimismo, las grandes inversiones públicas en el Principado contenidas en el proyecto de los PGE.

El hecho de que la experiencia acumulada nos diga que, a la postre, buena parte de estas inversiones nunca se llegan a materializar –y en Cataluña, todo hay que decirlo, saben de lo que hablamos–, no excusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber hecho un planteamiento discriminatorio, paladinamente declarado, y, sin embargo, de dudosa utilidad a sus propósitos. Si bien, en la clásica coreografía que envuelve estos acontecimientos parlamentarios, todos los presuntos aliados del actual Ejecutivo, desde Bildu a Podemos, pasando por el inefable PNV, se han hecho valer y han expresado sus reticencias a entregarse gratuitamente, lo cierto es que los partidos nacionalistas catalanes están condicionados por su propia dinámica interna y no parece, precisamente, que sea la música inversora lo que determine su voto en el trámite parlamentario que ahora comienza.

Entre otras cuestiones, porque el propio presidente del Gobierno, con su afirmación de que no piensa convocar elecciones generales hasta 2020, es decir, que está dispuesto a agotar la legislatura con Presupuestos a sin ellos, ha podido deshacerse de una de sus mejores cartas políticas: la que, a los ojos e intereses de los separatistas catalanes, le convierten en el mal menor. Es la esperanza en una «salida política» para los responsables del golpe anticonstitucional de octubre, que en los cálculos de ERC y PDeCAT vendría propiciada desde el Ejecutivo, la única razón que, a nuestro juicio, explica el apoyo de los secesionistas catalanes a un Gabinete que, dicho sea de paso, no ha ido más allá de algunos gestos menores y mucha retórica a la hora de encarar el problema. Ciertamente, ni Pedro Sánchez ni ningún representante de la instituciones del Estado puede actuar fuera de la Constitución o desconocer sus principios fundamentales. Pero esto no acaba de calar en el nacionalismo.