Los refugiados, política de Estado

Europa, como no podía ser de otro modo, reacciona a la violencia, la desesperación y la muerte. La crisis de los refugiados, que ha provocado escenas terribles en el Mediterráneo, en estaciones de tren o en playas de Turquía, ha despertado las conciencias de muchos. Los primeros, los ciudadanos de una Unión Europea que han impulsado a sus Gobiernos a tomar la iniciativa en la que muchos califican como la mayor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial. Por eso no es aceptable la utilización torticera que ciertas fuerzas de la izquierda, desde el populismo, realizan a cuenta del sufrimiento y la desesperación de unos hombres, mujeres y niños que han tenido que abandonar su hogares a punta de pistola para buscar un futuro mejor lejos de su tierra. Por eso no es aceptable que algunos, como ayer en Barcelona, las autodenominadas «ciudades refugio», con las regidoras Ada Colau y Manuela Carmena a la cabeza, se atribuyan la «humanidad» de ofrecerles casa y pan a esos refugiados. Este tipo de desastres humanitarios no deben acometerse tampoco desde el sentimentalismo y la buena voluntad, sino desde la gestión eficaz y medida de una serie de acuerdos nacionales e internacionales en los que estén involucradas las tres administraciones del Estado. Estamos hablando de personas, no de mercancías, que es como han sido tratadas por los traficantes de seres humanos. Los mismos que les han llevado a esa estación termini que parece no tener vuelta atrás. Las naciones de la UE se deben de hacer cargo de esos refugiados, pero aclarando número y condiciones de trato. Separando a los que huyen de las guerras y del islamismo radical de los que son simples inmigrantes económicos. España siempre ha demostrado su solidaridad y compromiso. Pero también su acción decidida para evitar los abusos de los traficantes. En ese sentido, ayer mismo, el primer ministro británico, David Cameron, puso a España como ejemplo de la experiencia sobre cómo debe abordarse una crisis migratoria en origen –refiriéndose a la crisis de los cayucos en Canarias–, financiando el sistema de guardacostas en los países de origen o sufragando programas en esas naciones. Este caso, sin embargo, es más complejo, ya que muchos de ellos proceden de países en guerra. Desde este próximo lunes, una comisión interministerial, con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a la cabeza, se ocupará de coordinar un operativo que necesita más un presupuesto de choque que las frases fáciles que ayer oímos en boca de los alcaldes de las llamadas «ciudades refugio». Urge una visión responsable, solidaria y ordenada para auxiliar y dar una respuesta a un drama que en ningún caso puede ser también arma política.