Los sindicatos se echan a la calle sin argumentos contra el gobierno

Un día después de que se abriese la mesa de diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales, los sindicatos han anunciado movilizaciones para imponer las condiciones de su agenda social. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, no ha podido ser más elocuente: «La voluntad del Gobierno hay que engrasarla con movilizaciones». Es la medicina del viejo sindicalismo. El calendario de acciones arranca el 15 de diciembre y concluye el 18 con una manifestación en Madrid a la que ha sido invitada toda la izquierda. Como era de esperar, Podemos ya ha anunciado su participación; después de todo, esta formación lleva tiempo proponiendo acciones políticas en la calle contra el Gobierno. El PSOE, algo más comedido, «comprende» la reacción de los sindicatos, aunque, perseguido por la sombra de Pablo Iglesias y su verborrea justicialista, hará contorsiones de todo tipo para no quedar en evidencia. En la reunión del pasado jueves, Rajoy expuso a los sindicatos y los representantes de la CEOE y la Cepyme las condiciones básicas para entablar un diálogo fructífero: mantener la estabilidad presupuestaria y la reforma laboral. Hizo bien el presidente del Gobierno en poner límites a la negociación para no ir en contra de los compromisos adquiridos con Bruselas y defender la reforma laboral, que ha sido fundamental para que nuestra economía retomase el crecimiento económico. Rajoy se mostró dispuesto a realizar cambios parciales en el marco de las relaciones laborales siempre que supongan su mejora, pero en ningún caso a derogar la ley. A nadie se le escapa que CC OO y UGT han quedado fuera de foco durante la crisis económica, incapaces de aceptar una realidad en la que su papel había cambiado: habían dejado de ser los representantes de los verdaderos perjudicados por la recesión. Con la perspectiva de crecimiento en la economía española, quieren ahora recuperar un papel desdibujado. Cuesta entender que prefieran echarse a la calle antes de agotar las vías de diálogo, sobre todo cuando encima de la mesa hay temas como la subida del salario mínimo interprofesional. La aprobación el pasado martes en el Congreso –en contra del voto del PP– de situarlo en 800 euros en 2018, frente a los 665 euros actuales (un 18%) es una medida desproporcionada que no se ajusta a nuestra situación económica y que puede repercutir negativamene en la negociación colectiva en las empresas, que es justamente el ámbito de mediación de las centrales sindicales. Esta reforma legislativa del salario mínimo deberá pasar por la Comisión de Empleo y ajustarse a un ritmo de crecimiento realista. Los sindicatos, que hace unos días estaban pidiendo un incremento entre el 1,8 y el 3% frente al 1,5 que mantienen los empresarios, están en estos momentos inmersos en la negociación colectiva y no parece oportuno que presionen para distorsionar una realidad económica que perjudicará a las empresas, incapaces de hacer frente al incremento salarial propuesto. Sólo cabe una explicación para justificar el anuncio de los sindicatos de echarse la calle en estos momentos: que quieren recuperar un papel perdido y maquillar su evidente decrepitud. Entre 2009 y 2015, han perdido más de medio millón de afiliados –incluyendo CSIF y USO–, a lo que no han sido ajenos los casos de corrupción en UGT. La afiliación sindical en España es de las más bajas de la OCDE, y no llega al 16%. El anuncio ahora de movilizaciones es una pérdida del sentido de la realidad.