Los técnicos enmiendan a los políticos

La opinión pública ha tenido que esperar a los testimonios ante el Tribunal Supremo de los cargos medios del Gobierno que presidía Mariano Rajoy para hacerse una idea cabal de lo que realmente sucedió en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017, cuando la Generalitat puso en marcha la parte determinante del proceso separatista. Desnudos los hechos de una de las mayores campañas de propaganda que registra la reciente historia de España, tanto el ex secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, como el ex delegado del Gobierno en el Principado, Enric Millo, y, fundamentalmente, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, designado por el Ejecutivo como responsable de la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad que debían, en cumplimiento de los mandatos judiciales, impedir la celebración del referéndum ilegal, consiguieron trasladar a los ciudadanos las dificultades y los riesgos que sufrieron los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña ante la actuación completamente desleal de los jefes políticos y de los mandos operativos de los Mossos d'Esquadra. Al relato veraz, informado y desapasionado de estos testigos hay que sumar el que prestó ayer Montserrat del Toro, la secretaria de la comisión judicial que intervino el 20 de septiembre en la Consejería de Economía de la Generalitat, quien desgranó pormenorizadamente la situación de acoso que vivieron las fuerzas actuantes, el miedo padecido durante las largas horas de retención y su salida a través de los tejados, mientras algunos de los reos que hoy se sientan en el banquillo azuzaban a una multitud vociferante, que llegó a golpear las cristaleras de las puertas de salida del edificio. Contrastan, sin embargo, estas actitudes ante el Tribunal juzgador, ya decimos que valientes y clarificadoras, con la circunspección con la que se condujeron el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y, particularmente, el ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ante el interrogatorio de las acusaciones y, también, de las defensas en relación con los graves sucesos del primero de octubre. Si es comprensible que los principales responsables políticos en aquellas fechas no quisieran descender al detalle de los operativos policiales que hubo que poner en marcha, entre otras razones, por su falta de conocimientos técnicos, sí debemos criticar que no testimoniaran su percepción personal, lo que vivieron a través de sus sentidos, de lo que se estaba produciendo en las calles y plazas de Cataluña. No creemos que hubieran incumplido las normas procesales trasmitiendo al Tribunal la zozobra de aquellas horas y de los días previos que, sin ninguna duda en absoluto, les era reflejado por los informes de los mandos desplegados sobre el terreno. Ciertamente, faltó demostrar la empatía con estos servidores públicos, retratados por la maquinaria nacionalista como salvajes que atacaban brutalmente a mujeres, ancianos y niños, de quienes, desde la alta responsabilidad de sus cargos, no lo dudamos, también padecieron la zozobra de los graves momentos que sufría la estabilidad y el futuro de España. Con estas reflexiones no queremos decir que Rajoy, Sáenz de Santamaría y Zoido no cumplieran con su deber ante el grave quebranto de la legalidad y del ordenamiento constitucional por parte de quienes estaban más obligados, por su representación institucional, a cumplir y hacer cumplir la ley, pero la opinión pública hubiera merecido mucha menos reserva procedimental, mucha menos compartimentación jerárquica y una mayor contribución al establecimiento, si se quiere moral, de un relato de los hechos veraz, que, sin embargo, creemos que se abre paso en el ánimo de todos los españoles.