Cataluña
Mala noticia para Cataluña
El acuerdo alcanzado ayer entre CiU y ERC, por el que los republicanos de la izquierda separatista catalana garantizan la estabilidad del próximo Gobierno de Artur Mas, es una mala noticia para toda España, pero de forma especial para Cataluña, abocada, pese a lo que proclaman los firmantes del pacto, a vivir en la agitación permanente y en la estrategia de la tensión y la inestabilidad. Basta con un leve ejercicio de memoria para recordar lo que supuso para la Comunidad catalana la alianza con los republicanos de un partido moderado y constitucionalista como era el PSC, ahora reducido en las urnas a su mínima expresión. Ya podemos augurar a CiU un futuro igualmente incierto ante un pacto contra natura y en un momento de crisis económica y social especialmente delicado. Porque lo que va a producirse en Cataluña, que nadie se llame a engaño, es un ejercicio de provocación permanente al Estado, mistificado con las habituales consignas victimistas, que no conseguirá más que entorpecer el proceso de recuperación. Los mismos que contribuyeron con su mala praxis política a hacer de Cataluña una de las regiones más endeudadas de España van a dictar de nuevo las grandes líneas del Gobierno de Artur Mas. Por si hiciera falta algún indicio, ahí tenemos, ayer mismo, la pillería de la Generalitat en funciones para «madrugar» al Ejecutivo central y aplicar un nuevo impuesto a los depósitos bancarios.Una medida clásica de esas izquierdas que dilapidan el dinero público y empobrecen a los ciudadanos, una medida «marca de la casa», es decir de ERC, que no sólo acabará por restringir aún más el crédito a empresas y familias, lastrando el crecimiento, sino que abre la puerta al descontrol impositivo. Porque no se trata de seguir aumentando la presión fiscal, sino de recortar el desbocado gasto público.
Respecto a la convocatoria del referéndum independentista para 2014, la otra gran cuestión que subyace en la base del acuerdo, ha quedado minimizada por la propia redacción del texto. La cláusula de salvaguarda que permite a los firmantes «posponer la consulta de autodeterminación de mutuo acuerdo por causas justificadas» no es más que el reconocimiento implícito de que ningún Gobierno está por encima de las leyes, empezando por la primera de ellas: la Constitución. El hipotético referéndum queda así como lo que realmente es: una excusa para que Artur Mas se enquiste en el Gobierno de la Generalitat, aunque al precio de pactar con los representantes de una visión de la sociedad, la economía y la política que vive anclada en las peores experiencias del siglo pasado. Al menos, Cataluña cuenta con una ciudadanía formada, sensata y conciliadora que conseguirá superar la difícil situación y poner a cada dirigente político en el sitio que le corresponde.
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