Maratón electoral

España tiene ante sí el año electoral probablemente más decisivo desde la Transición. 2015 será una sucesión de comicios de todo orden –andaluzas, autonómicas y municipales, catalanas y generales– que pueden marcar un antes y un después en el panorama político del país. Un auténtico maratón que no habría sido tal sin los imprevistos adelantos en Andalucía y Cataluña. En este punto, conviene hacer hincapié en los intereses que se esconden tras los manejos de los calendarios por los gobernantes de turno. No es un asunto baladí, porque tiene efectos indeseables para el bien común que no conviene despachar con la ligereza con la que habitualmente se hace. En primer lugar, lo que manda la lógica política e institucional, la racionalidad democrática, en suma, es cumplir los plazos establecidos, que para algo existen. Lo contrario es someter al territorio y a sus ciudadanos a un proceso de interinidad de meses que lleva aparejado, el desgobierno y la inestabilidad. Y este país no está precisamente para distracciones ni para tiempos muertos, porque tenemos por delante una ardua y compleja tarea para fortalecer la recuperación, crecer y crear empleo. Algunos políticos, sin embargo, no lo tienen tan claro y someten a las administraciones y las sociedades que rigen a parones y tensiones fuera de lugar. Luego está el factor económico, que tampoco es superfluo, porque las citas con las urnas pueden costar al erario público un dinero por encima de lo necesario. Desde el Gobierno se ha comentado que la celebración de unas elecciones autonómicas supone 17 millones de euros y que hacerlo de forma separada, como ocurrirá en Andalucía, por ejemplo, sale por cinco millones de euros más. Es una cantidad apreciable que los andaluces podrían muy bien haberse ahorrado con decisiones más medidas y que se podrían haber dedicado a prioridades reales de la gente. Obviamente, no cuestionamos la legitimidad de quien la tiene para adelantar o no los comicios, sino la conveniencia y las consecuencias, que no son inocuas. En este punto, nadie medianamente serio puede compartir que celebrar tres elecciones autonómicas en cinco años como sucederá en Cataluña, sea positivo para la gente. En el otro lado de la balanza, se dan casos como el del presidente del Gobierno, que, como adelantó LA RAZÓN, agotará sus fechas y convocará las elecciones generales a finales de año, conforme a lo establecido. Es lo lógico y lo sensato y, lo que es más relevante, lo más positivo para el ciudadano, que se beneficia de una Administración centrada en dar respuestas a los problemas reales de las personas hasta el último día. La certidumbre que proporciona no quebrantar los tiempos políticos se traduce en estabilidad y ésta juega a favor de la convivencia, el bienestar y la prosperidad de los gobernados.