Más allá de una huelga de mujeres

Lo peor que le podría pasar a la causa por la igualdad de la mujer es que se convirtiera en una trinchera ideológica donde sólo unos tuvieran la legitimidad de hablar en su nombre. El primer lugar, porque no se corresponde con las protagonistas que encabezaron los avances en la plena equiparación de derechos. En segundo lugar, porque falsea una realidad sociológica: millones de mujeres en España demuestran ejercitar cada día la plena igualdad o, por lo menos, luchan para que sea así, y millones también defienden la dignidad de ser el sostén básico de las familias, y lo hacen más allá de las ideologías, incluso prescindiendo de los principios de la ortodoxia feminista. Hay mujeres que dieron ejemplo de que su misión sobrepasaba las lindes de las ideologías y de la dialéctica irreconciliable –hoy tan preconizada en la llamada Tercera Ola del Feminismo– entre el hombre y la mujer. Citemos a la más cercana, Clara Campoamor, artífice del sufragio universal en España, cuando en su discurso del 1 de octubre de 1931 en las Cortes se dirigió a aquellas mujeres –también socialistas y de izquierda– que negaban su apoyo: «¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar?». También vale la pena recordar en este momento a Simone Veil, quien fuera presidenta del Parlamento Europeo, una superviviente del Holocausto. Sólo desde un dogmatismo muy estrecho se podría decir que una mujer que ha formado parte en Francia de diversos gobiernos de centro derecha –con Raymond Barre y Jacques Chirac– está deslegitimada en su defensa por los derechos de la mujer. Quedaría desvirtuada la lucha por la igualdad si ésta estuviera sometida a estrictos criterios partidistas. El PSOE optó por la paridad en la elección de los ministros del Gobierno; el PP ha sido partidario de nombrar a los más adecuados en cada momento, por encima del sexo, siendo el resultado casi idéntico al criterio del igualitarismo, pero incluso llevando a muchas mujeres a las más altas responsabilidades en los tres poderes del Estado. Lo importante es que la realidad política coincida con la realidad de la calle. La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, en una entrevista que publicamos hoy, califica de «error de la izquierda» creerse con «derecho a patrimonializar una causa que es de todos». Llegados a este punto, lo importante es ver qué ha hecho cada uno desde sus respectivas responsabilidades de gobierno. El próximo día 8, Día Internacional de la Mujer, se ha convocado una huelga sólo para las trabajadoras con el objetivo de demostrar que la sociedad no podría funcionar sin ellas. Nadie lo pone en duda y están en su derecho de secundarla. Otra cosa es que un cargo electo o un político con responsabilidad de gobierno abandone sus obligaciones ese día; no es lo más eficaz precisamente que quien tiene en sus manos las herramientas para cambiar las cosas y mejorar la vida de los ciudadanos haga huelga. Puede ser un gesto, otro de los muchos que no sirven de nada, pero es que lo importante en política son los hechos. De un total de 46.549.045 españoles –datos de 2017–, el 50,94% son mujeres y el 49,06% de hombres, lo que necesariamente presupone una sociedad compleja y ante que los símbolos son necesarias medidas concretas: que los roles sean compartidos, que la maternidad no penalice a la mujer o que no haya ninguna discriminación para acceder al empleo. La huelga del 8-M no debería convertirse en un espectáculo más de la campaña #Me Too –sin quitarle razón a su denuncia de abusos sexuales– o un capítulo de ese «feminismo lingüístico» que confunde el género gramatical con el sexo que ha banalizado los problemas reales de las mujeres.