Mas debe pagar el coste del «Proceso» con su patrimonio

La noche del 9 de noviembre de 2014, cuando los responsables de la Generalitat dieron cuenta ante la prensa nacional e internacional de los resultados de la consulta independentista previamente suspendida por el Tribunal Constitucional, el presidente de la Generalitat de entonces, Artur Mas, soltó una de esas frases que cualquier político con sentido de la moderación podría haber evitado: «Si la Fiscalía quiere saber quién es el responsable, que me miren a mí». Nada que desentonase con la consideración que Convergència (todavía no había mutado en el PDeCAT) tenía de Cataluña como un territorio patrimonial donde podía hacer lo que quisiera sin dar cuentas a nadie, fuera legal, ilegal o paralegal. Pese a que la Generalitat había incluido una partida para gastos de consulta de 5 millones de euros, la Fiscalía descartó acusar a Mas por malversación en el 9-N al entender que los gastos de la Generalitat se acordaron antes de que el TC suspendiera la consulta. Fue el pasado mayo cuando dos asociaciones, Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que Mas y los ex consejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs se responsabilicen de los gastos del 9-N, valorados en 5,12 millones. Por su parte, la Fiscalía sí que pidió, el pasado mes de junio, a dicho Tribunal que investigara a estos dirigentes independentista, ya que en el marco de la jurisdicción contable sí que cabe el delito de malversación, supuesto que se produce cuando los cargos institucionales hacen mal uso del dinero público. Ahora, el Tribunal de Cuentas ha dado el siguiente paso y ha emitido dos autos por los que se pone en marcha el procedimiento para que Mas y sus colaboradores devuelvan el dinero público invertido en aquel referéndum ilegal. En la primera de las resoluciones desestima el recurso que presentó la Generalitat –argumentaba que no estaban comprometidos fondos del Estado–; en el segundo, se pone en marcha el nombramiento de un instructor para que abra un expediente y esclarezca qué partidas no debieron utilizarse, para qué gasto fueron empleadas y cuáles de ellas deben ser devueltas. El procedimiento debe estar concluido antes del 1 de octubre. Todo indica que se utilizó dinero fraudulentamente, por lo que se requerirá su devolución y, de no hacerse, se embargarán bienes y cuentas, como especifica el artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En uno de sus apartados especifica que los responsables «depositen o afiancen, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, el importe provisional del alcance, más el cálculo, también provisional, de los intereses que pudieran resultar procedentes, bajo apercibimiento de embargo». Los actuales responsables de la Generalitat deben tenerlo en cuenta, sobre todo sin en su estrategia de engaño y oscurantismo quieren de nuevo evitar poner en juego su patrimonio –no el del conjunto de los catalanes– al evitar la acusación de malversación, ya que la partida destinada al próximo referéndum fue aprobada
–aunque recurrida por el Gobierno– antes del firmarse la convocatoria del 1 de octubre. Pese a que el consejero Turull ha recomendado a los catalanes contrarios a la independencia que se cojan «76 días de vacaciones», es decir, que se vayan de Cataluña –en la línea de la deriva autoritaria del «proceso»–, el Estado de Derecho debe defender nuestra democracia aplicando la Ley con todas sus consecuencias.