Cataluña
Mas, empecinado
Las primeras palabras de Artur Mas en el debate de política general celebrado ayer en el Parlament de Cataluña sirvieron para marcar el terreno de juego en el que se ha constreñido a la sociedad catalana: los favorables al «derecho a decidir» y los contrarios. Dijo que, de los 135 diputados que había en el hemiciclo, 107 llevaban en su programa electoral («con modulaciones diversas», matizó) el «derecho a decidir. Este hecho –la idea de que la mayoría de Cataluña es ya independentista– consigue que cualquier tema que se trate en la actual política catalana tenga como telón de fondo el horizonte de la ruptura con España. O, mejor dicho, que fuera de España, Cataluña sería más próspera y resolvería todos sus problemas. De nuevo ayer los argumentos fueron vagos, poco fundamentados y medidamente ambiguos, desde que «un trato fiscal justo y un cumplimiento de las deudas del Estado pondrían fin a esta situación injusta», refiriéndose al pago a proveedores, a que la llamada Hacienda Propia Catalana debe ser «abierta y transparente». Mas y todo el aparato separatista han conseguido transmitir la idea de que la mayoría está con ellos y que el proceso es irreversible. Con el objetivo de escenificar que la consulta es un deseo «transversal» , se constituyó el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, y ayer, como estaba previsto, volvió a situar en primer término esta hoja de ruta hacia la independencia. Anunció que utilizará «todos los mecanismos democráticos para que la consulta sea en 2014». Sin embargo, evitó concretar qué tipo de pregunta se formulará, es decir, si será pedir abiertamente la secesión y, por su puesto, las consecuencias que podría tener respecto a Europa. Sin duda, su propuesta es voluntariamente inconcreta porque sabe que convocar una consulta o un referéndum supondría saltarse el marco legal vigente y que el Gobierno autonómico no tiene atribuciones para ello. Tal vez esté pensando en otra fórmula más festiva y menos vinculante... El presidente de la Generalitat está en la obligación de retirar cualquier propuesta formal de consulta que vulnere la legalidad. Mas, que utilizó el muy tremendista «llegar hasta el final», obvió tratar un hecho clave en sus planes: que la Comisión Europa ha anunciado que una Cataluña fuera de España supondría estar al margen de la Europa política y económica. Querer ir más lejos es abocar a la sociedad catalana y al conjunto de España a un camino sin salida. Y hay un nuevo factor a tener en cuenta: la propuesta de Duran Lleida, socio en CiU, de abrir una «tercera vía» en la que no habla de independencia ni de nuevo Estado, sino de buscar un «nuevo estatus», pero no fuera de España. Mas no debería olvidar la decisión de la gran patronal catalana, que se ha desmarcado de sus pretensiones de que acudiera a las reuniones del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, y que reclama una solución pactada con el Gobierno de la Nación y dentro de la Constitución.
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