Mas llega al esperpento

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, rozó ayer lo pintoresco en su intervención ante la diputación permanente del Parlamento autónomo catalán, cuando acusó al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de haber, prácticamente, teledirigido la investigación de la Guardia Civil sobre la presunta financiación ilegal de Convergéncia para perjudicar a los partidarios de la secesión de Cataluña, como si se tratara de una astucia de esas que tanto le gusta presumir al dirigente catalán. Es lógico que al líder de CDC le haya molestado el momento político de la intervención judicial, de la misma manera que en su día escuchamos quejas del entorno del PP sobre la oportunidad de las investigaciones policiales de la trama Púnica o, en su caso, del entorno del PSOE por las supuestas extralimitaciones de la juez Mercedes Alaya en los procedimientos abiertos por malversación de fondos en los ERE y en los Cursos de Formación. La diferencia con Artur Mas es que los portavoces institucionales de los dos principales partidos españoles guardaban, por lo menos, el decoro y manifestaban el respeto debido a la independencia de jueces y magistrados y a sus actuaciones jurisdiccionales. Que ayer el presidente de la Generalitat ocultara paladinamente en su jeremíaca intervención que los registros de sus sedes respondían a la orden de un juez de El Vendrell (Tarragona), no hace más que agudizar los rasgos del victimismo nacionalista, de la misma manera que el caricaturista deforma el retrato. Pero, con todo, lo más grave no son las quejas de alguien pillado en falta, sino el insulto a la inteligencia de los españoles, transfiriendo al Gobierno de la nación la responsabilidad de haber llevado a sus conciudadanos a una situación de enfrentamiento y frustración totalmente gratuita. Se trata de un afán de cubrir las responsabilidades propias que viene siendo la norma de los separatistas catalanes en todo este desgraciado asunto y que, ayer, tuvo otro momento estelar en la intervención del dirigente catalán cuando insistió en que había convocado unos comicios plebiscitarios, donde los resultados se computarían como «síes» o «noes» a la independencia, pese a que en el decreto oficial de convocatoria sólo se hace referencia a un proceso normalizado de elecciones autonómicas. Para añadir que aunque el procedimiento no es muy justo –en referencia al desigual sistema electoral de Cataluña, que perjudica a la provincia más poblada, Barcelona–, «es lo que hay y es bueno que se sepa». Y sin embargo, lo que sí saben la mayoría de los catalanes es que el próximo 27 de septiembre van a votar la elección de un nuevo Parlamento autonómico del que saldrá el Gobierno de la Generalitat que regirá la vida pública durante los próximos cuatro años. Eso es lo único que cuenta en todo este asunto.