Mas no puede taparse con banderas

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A medida que avanzan las investigaciones judiciales sobre la llamada «trama del 3 por ciento» y se deshila la compleja tela de araña de la financiación irregular de la antigua CDC, los portavoces del nacionalismo catalán se aferran a la teoría de una conspiración contra Cataluña que, sin embargo, traslada a la opinión pública la misma sensación de incredulidad del que se excusa con banalidades cuando ha sido sorprendido en flagrante delito. De hecho, si cambiáramos la carga de la prueba, la insistencia del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, en atribuir a la mano negra del Gobierno su árido paisaje judicial conduce a plantearse si no es más cierto que la repentina conversión al separatismo radical de los convergentes se debe, precisamente, a la mera intención de sustraerse a la acción de la Justicia. Si a la hora de analizar periodos históricos cortos, la cronología es fundamental, en este caso deviene determinante: Convergència ya tenía embargada su sede por orden judicial mucho antes de que Mas lanzara su órdago independentista, y de mucho más tiempo atrás, del 24 de febrero de 2005, viene la expresión «3 por ciento», acuñada por el ex dirigente socialista Pascual Maragall en su insólita denuncia abortada de la corrupción convergente. Tal vez, la descripción más sencilla de lo que está ocurriendo la hiciera ayer el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, al lamentar que «hace demasiado tiempo» que Cataluña arrastra problemas graves de corrupción que afectan a los partidos que la gobiernan. De hecho, los datos que se han hecho públicos a raíz de que el juez de El Vendrell, que instruye el proceso, ordenara el levantamiento parcial del secreto de las investigaciones, corroboran muchas de las informaciones ya publicadas. La novedad y, sin duda, lo que presta mayor gravedad a los acontecimientos, es la convicción de la Fiscalía Anticorrupción de que la «clave de bóveda» de toda la trama descansaba en el propio tesorero de Convergència, Andreu Viloca, quien, siempre desde la presunción de inocencia, se encargaba de repartir los contratos de obra pública en el Principado entre los empresarios que pagaban la comisión. Las pruebas indiciarias obtenidas por la Guardia Civil –que ha tenido que reconstruir decenas de documentos pasados por la trituradora de papel– parecen concluyentes de un modus operandi habitual en los procedimientos de financiación ilegal. Que Artur Mas se envuelva en la bandera separatista para justificar lo imposible, carece, pues, de mayor trascendencia ante una opinión pública, insistimos, que da muestras cada vez más claras del agotamiento del «proceso». Es más, ante el crecimiento exponencial del argumentario del absurdo de los separatistas catalanes –que han llegado a comparar los dictámenes de la Fiscalía con el golpe militar frustrado del 23-F de 1981– las expresiones del ex presidente de la Generalitat entran en la simpleza de lo cotidiano. Por otra parte, convendría que los dirigentes nacionalistas reflexionaran sobre el particular, el Gobierno no necesita recurrir ni a manos negras ni a supuestas cloacas para mantener la legalidad constitucional en España y, por supuesto, en Cataluña. Le basta con instar a la Justicia, cuando lo considere oportuno a que restituya el imperio de la Ley y sancione en consecuencia a quienes pretenden saltárselo. Lo saben perfectamente los partidos que conforman el Gobierno catalán, empeñados en una huida hacia adelante sin porvenir alguno. De lo que se trata, en este momento, y a ello se dedica el juez, es de averiguar hasta dónde llegaron a meter la mano en el dinero público los líderes de Convergència.