Mas se burla del TC

Los partidos favorables al referéndum independentista dieron ayer un vuelta de tuerca más en su estrategia abiertamente contraria a la legalidad y en la búsqueda de la confrontación con las instituciones democráticas. El Parlament de Cataluña aprobó la constitución de la Comisión de Control, un organismo similar a la Junta Electoral, que velará por el correcto funcionamiento del proceso de consulta. Este nuevo paso supone un desafío directo a la resolución del Tribunal Constitucional, que no sólo paralizó la Ley de Consultas, sino también todo su desarrollo y puesta en marcha, «así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella». Por lo tanto, la creación de este organismo electoral va en contra de la suspensión cautelar acordada por el tribunal de garantías y es un acto de desobediencia inadmisible. Este decreto debe ser firmado por el presidente de la Generalitat, pero, como ya han anunciado sus portavoces, puede demorarse, y quedaría de nuevo en el limbo de los tiempos políticos de Mas, que administrará con maquiavélico victimismo. Estamos otra vez ante un ejercicio de irresponsable propaganda política y uso de las instituciones con el objetivo de demostrar que «España no nos deja votar». Los portavoces del PSC, PP y Ciutadans en el Parlament se han negado a participar en una votación que supone saltarse la suspensión cautelar de la Ley de Consultas. Los argumentos que desde la Generalitat se expusieron para acatar, en un principio, la suspensión del TC eran que no querían comprometer a los funcionarios que debían poner en marcha el referéndum, algo que no se sostiene si esta Comisión de Control se pusiera en marcha, porque el secretario de dicho organismo debe ser un funcionario, como queda claramente especificado (artículo 14). Estamos de nuevo ante una artimaña propagandística que no busca tanto encontrar los resquicios que la ley les otorga (ayer el Gobierno autonómico presentó las alegaciones), como desprestigiar y deslegitimar al Tribunal Constitucional. La suspensión del referéndum ha frenado el objetivo de precipitar un proceso secesionista y Artur Mas lo sabe, pero ahora es un líder que depende de la movilización de la calle que le pide que no dé un paso atrás. La institución de la Generalitat ha sido utilizada para una estrategia que compromente al conjunto de la sociedad catalana y española, pero su presidente debería evitar la tentación de hacerse fuerte en medio de las protestas impulsadas por organizaciones subvencionadas desde la Administración nacionalista. Mas se ha entregado a ERC y a la ANC, pero no debería olvidar que las manifestaciones de estos días no han sido ni siquiera contra el TC, sino para exigirle que debe cumplir su compromiso de votar el 9-N. Ha depositado su fuerza en la calle, pero se acabará volviendo contra él.