Mas y el cumplimiento de la ley

Una cuestión es la situación económica de Cataluña y otra muy diferente, el delirio soberanista de Artur Mas, por mucho que los separatistas catalanes se empeñen en mezclarlas, en un ejercicio maniqueísta de escaso futuro. La «idea fuerza» de transferir las propias responsabilidades a un tercero, en este caso a ese ente llamado «Madrid», puede servir de coartada a partidos como ERC, que tanto contribuyó en los gobiernos del tripartito al empobrecimiento de la región, pero tiene un recorrido limitado. Ayer, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, dejaron claramente establecidos los ámbitos de cada debate: el judicial, para dar respuesta a las actuaciones institucionales de la Generalitat y del Parlament que infrinjan las leyes o sean contrarias al espíritu y la letra de la Constitución; y el político, en lo que se refiere a la discusión sobre los niveles de déficit fiscal que pueden alcanzar las autonomías. Ya lo expresó certeramente en el Congreso Mariano Rajoy, al señalar que el Gobierno es, también, de los catalanes, y ayer, con motivo de su visita a Barcelona para la inauguración del Salón del Automóvil, se reafirmó con un respaldo inequívoco a las inversiones industriales en Cataluña y con el compromiso adquirido de impulsar proyectos estructurales como el Corredor Mediterráneo. El propio Artur Mas, tan incontinente en otras ocasiones, eludió su particular mantra soberanista para centrase en los problemas financieros de su Ejecutivo, que aún no ha sido capaz de presentar los Presupuestos ante el Parlamento autonómico, y que en buena parte dependen de la evolución económica general de España y del resultado de las discusiones sobre las medidas de estímulo que se mantienen en el seno de la Unión Europea. Mientras, en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros, Saénz de Santamaría se reafirmaba en la hoja de ruta establecida para hacer frente al proceso separatista en marcha, consciente de que la última resolución del Tribunal Constitucional, por la que ha suspendido la declaración de soberanía del Parlamento autónomo de Cataluña, es un instrumento idóneo para recurrir nuevas iniciativas, como la puesta en marcha de la llamada «comisión para aplicar el derecho a decidir», que pueden ser incorporadas a la impugnación presentada ante el TC. No hay mejor camino que el de la exigencia del cumplimiento de la Ley y de los principios de nuestra Carta Magna. En ese campo, el de la legalidad de nuestro Estado de Derecho, es imposible plantear acuerdos o transacciones. Artur Mas debe llegar al convencimiento de que cuenta con el Gobierno para apoyar a los catalanes, como el resto de los españoles, pero que nada va a conseguir empecinándose en romper España.