Mercosur tampoco quiere a Maduro

La primera decisión de la Asamblea Constituyente ha dejado bien claro que su propósito último es aniquilar cualquier vestigio de contestación política al régimen de Nicolás Maduro. A estas alturas no es que hubiera señales para la esperanza, pero el cese de la fiscal general del país, la chavista Luisa Ortega, es la estocada final contra los derechos de todo un pueblo. Primero fue el Tribunal Supremo, luego el Ejército y el Parlamento y, ahora, el Ministerio Público. Uno a uno, el caudillo bolivariano ha ido ocupando todos los resortes del poder y haciendo cada vez más honda la brecha que separa al pueblo venezolano. La oposición apenas tiene ya hueco, excepto en la calle y en los medios de comunicación y los foros extranjeros, para hacerse oír y denunciar los desmanes del Gobierno. Las condenas de la comunidad internacional no cesan; después de las denuncias de la UE, EE UU y el Vaticano, Mercosur expulsó ayer a Caracas de su club. Pero no es suficiente. A la vista está que Maduro sigue contando con el respaldo de Rusia y China para mantener en pie un Estado fallido en lo económico, lo político y lo social. Va a hacer falta una estrategia global de los países y los principales organismos internacionales para que los venezolanos que cada día se juegan la vida en las protestas en las calles (ya han muerto más de 130 personas) sientan que no están solos o el país seguirá el terrible ejemplo cubano.