Moción de censura a ninguna parte

La experiencia de las mociones de censura en España desde la restauración democrática, que han sido tres, dicta que su uso –legítimo y constitucionalmente articulado por el artículo 113– ha sido siempre propagandístico con el objetivo de relanzar la figura de quien se presenta a candidato a la Presidencia del Gobierno. Ninguna tenía posibilidades aritméticas de prosperar, a no ser que se trabaran alianzas inviables e indeseables que acabasen constituyendo una mayoría incapacitada para gobernar. La última de las mociones la protagonizó Pablo Iglesias también contra Rajoy, en junio de 2017. Sin embargo, quedó claro que su objetivo no era tanto debilitar al presidente del Gobierno –después de estar diez meses en funciones sometido al «no es no» y apenas ocho en ejercicio–, sino al primer partido de la oposición, al PSOE, y, de manera especial, a Pedro Sánchez, que ya no era ni portavoz en el Congreso. La moción de censura que ayer registró el grupo socialista vuelve a incurrir en los mismos errores izquierdistas: utilizar el Parlamento como una mera caja de resonancia. Se reproduce la misma tendencia de entender este instrumento como una plataforma para sacar brillo a un liderazgo cada vez más opaco y hacerlo no tanto para perjudicar al inquilino de La Moncloa –que sin duda no pasa su mejor momento tras la crisis desatada por la sentencia de Gürtel–, sino a quien le está restando votos: el partido Ciudadanos de Albert Rivera, al único que le interesa en estos momentos celebrar elecciones. Los partidos pueden elucubrar en sus tácticas palaciegas para alcanzar el Gobierno sin pasar por las urnas, pero no a costa de la estabilidad del país. Rajoy lo recordó ayer: no se puede actuar sólo en defensa de los intereses partidistas cuando se sabe que estos son «lesivos» para la ciudadanía. Sólo hay que tener en cuenta que tras el anuncio de la moción el Ibex cayó el 3,07%, corrigiéndose el desplome hasta el 1,7% tras la aparición de Rajoy. Incluso sin haber ganado las elecciones, es legítimo que Sánchez quiera ser presidente –cuenta, además, con presupuestos aprobados y revalorizadas la pensiones: sería un presidente a mesa puesta–, pero si realmente quiere que su proyecto se tome en serio como una opción de gobierno, no debería olvidar que cuenta con 85 diputados, el nivel más bajo de escaños y votos que ha conseguido el PSOE. Optar con estos datos a presidir el Ejecutivo sería un ejercicio de irresponsabilidad mayúsculo, sobre todo sabiendo que para conseguir la mayoría no sólo necesitaría el apoyo de los 71 diputados de Podemos –que obviamente se los ha brindado: otra cosa sería fiarse de la lealtad de Iglesias–, sino de los partidos independentistas catalanes. Sin duda, la sentencia de Gürtel –aun no siendo definitiva y contando con el nada irrelevante voto particular del presidente del tribunal– ha sido un golpe importante que impide que Rajoy pueda tomar la iniciativa tras la aprobación de los presupuestos, pero hablar como hizo Sánchez ayer de que la moción de censura es necesaria para «recuperar la normalidad democrática» añade confusión al primer problema político que está encima de la mesa, la verdadera anormalidad democrática: el desafío independentista en Cataluña. Como le recriminó Rajoy, querer llegar al Gobierno «como sea y con quien sea» es una mala decisión que perjudica a los intereses de España y, sobre todo, debilita el frente constitucionalista en un momento clave, justo cuando puede formarse en Cataluña un gobierno legal y, de ser así, levantar el 155 o prolongar su aplicación. ¿Realmente Sánchez aceptaría los votos de ERC y el PDeCAT, los partidos que encabezaron el golpe contra la democracia? Hay prisa, demasiada prisa, pero el tiempo político lo sigue marcando Rajoy –y las circunstancias judiciales– y, si nos guiamos por su declaración de ayer, agotará la legislatura a la espera de que sean las urnas las que hablen.