Morosidad pública inaceptable

Una de las primeras medidas de urgencia que tuvo que tomar el Gobierno de Mariano Rajoy para afrontar la debacle económica que se cernía sobre España fue el llamado «Plan de Pago a Proveedores». Las facturas adeudadas por las administraciones públicas, muchas con fecha de vencimiento de varios años atrás, sumaban, sólo en los ámbitos autonómico y local, más de 28.000 millones de euros y afectaban directamente a 149.000 empresas de todos los tamaños. Varias miles de firmas, en especial pymes, habían cerrado asfixiadas por los impagos. El plan, puesto en marcha a través del Ministerio de Hacienda, supuso una oportuna inyección de dinero público en el tejido productivo español, pero no consiguió poner el contador a «cero» del endeudamiento de las autonomías y los ayuntamientos con sus proveedores. De hecho, hubo que ampliarlo para este ejercicio de 2013 y está previsto un nuevo tramo para el siguiente. El esfuerzo financiero, en un momento de máxima dificultad presupuestaria, conviene recordarlo, iba acompañado por una reforma del marco legal que reducía los plazos de las administraciones públicas para abonar las facturas, en sintonía con la directiva europea de lucha contra la morosidad, que establece en 30 días hábiles el periodo de pagos. Pues bien, ayer se divulgaron los resultados de una macroencuesta elaborada por la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA), que describe una realidad muy preocupante, en tanto se mantienen anormalmente altos los índices de morosidad de buena parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Según la ATA, el plazo medio de pago de las administraciones públicas ha pasado de los 148 días que se establecía en el anterior informe a los 151 días registrados en los tres primeros meses del año. La deuda total con los trabajadores autónomos y las microempresas es de 4.839 millones de euros. Sólo la Administración central del Estado ha conseguido acercarse a los 30 días que establece la ley de morosidad, al pagar en una media de 49 días. También han mejorado las empresas privadas. El desequilibrio se encuentra en algunas comunidades autónomas, que no sólo no han progresado adecuadamente, sino que empeoran su ratio. Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana encabezan la lista de morosidad. Las dos primeras concentran el 31 por ciento del total de la deuda pública con los autónomos. Es evidente que el Gobierno debe tomar cartas en el asunto para evitar que siga destruyéndose un sector clave en la creación de empleo en un momento de restricción crediticia. Hay fórmulas de pago directo, que luego se descontaría de las transferencias a cada comunidad, que podrían aplicarse con el rigor necesario. Todo, menos dejar que la morosidad pública vuelva por donde solía.