Otro compromiso incumplido

Tras la renuncia a llevar adelante la reforma de la actual ley del aborto, que era una de las promesas electorales de mayor calado social e ideológico del Partido Popular, y la consecuente dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la elaboración de un plan de apoyo a la familia, que sería presentado antes del final de 2014 y al que se dotaría con un presupuesto de unos cinco mil millones de euros. Asimismo, el jefe del Ejecutivo se comprometió a derogar uno de los artículos más inicuos de la ley del PSOE, por el que se permite abortar a las menores de edad sin permiso ni conocimiento paterno. Se pretendía aprovechar la redacción de una nueva Ley de Protección a la Infancia para introducir las modificaciones, algo que ha recibido el lógico rechazo del Consejo de Estado, que no entiende tan enrevesado procedimiento legislativo, cuando bastaría con reformar la ley del aborto en ese único aspecto. Pues bien, tres meses después, ni hay plan de apoyo a la familia en el inmediato horizonte ni en el Ministerio de Justicia, del que es titular Rafael Catalá, son capaces de señalar una fecha, siquiera aproximada, de la derogación del artículo en cuestión. Pareciera que los anuncios hechos el 23 de septiembre por Mariano Rajoy no tenían otra intención que la de actuar de paliativo a la indignación de una amplia parte del electorado popular, que veía incrédulo cómo el mismo partido que llevó ante el Tribunal Constitucional la ley de plazos socialista y que se volcó en las manifestaciones en defensa de la vida soslayaba sus promesas, en una demostración flagrante de incoherencia y de sumisión a la supuesta superioridad moral de la izquierda. Y ello, a pesar de contar en el Parlamento con una mayoría absoluta de las más sólidas que han dado las urnas. Puro cálculo electoral, en definitiva, que corre el riesgo de minusvalorar a ese amplio sector de sus votantes comprometidos con la protección del no nacido. Por otra parte, una política auténtica y decidida en favor de la familia, pilar de la sociedad que ha demostrado su insustituible papel en la presente crisis, ha sido siempre una de las demandas más reiteradas de los ciudadanos y no sólo de los votantes del PP. Medidas que favorezcan su desarrollo y que amparen a los padres en dificultades son, también, instrumentos que ayudarían a luchar contra la lacra del aborto. Fue el propio presidente del Gobierno quien puso plazo al proyecto y, por lo tanto, está obligado a cumplirlo o, al menos, a explicar las razones del retraso. De la misma manera que no hemos regateado el elogio en el acierto de la política económica impulsada por Mariano Rajoy, no podemos ocultar la crítica a una omisión grave del programa electoral. Y más, si responde a supuestos cálculos electoralistas.