Otro De Juana judicial

Conceptos como el «uso alternativo del Derecho» o la «alarma social», que fueron tan caros a la izquierda marxista europea en la década de los 70 del pasado siglo, parecían haber quedado felizmente superados por la construcción, en el caso español, de un sólido sistema de libertades en el que el Derecho positivo, emanado del Poder Legislativo, se revestía de la absoluta legitimidad democrática, dejando inoperante la pretensión de una interpretación y aplicación progresista de la legalidad, que se contraponía a una fantasmal coacción capitalista del Estado. Pero a tenor de algunas decisiones judiciales adoptadas por nuestros jueces, cabría concluir que no todos los miembros de la Magistratura española han superado el virus progresista, por cuanto sostienen que sí existe legítimamente un amplio margen de discrecionalidad en la interpretación de la Ley, como ocurrió con el etarra De Juana Chaos, aun cuando ésta sea clara, rotunda y meridiana en sus disposiciones, tal y como lo fue en la transposición de la directiva europea sobre la acumulación de penas, que impedía su aplicación a los casos anteriores al 15 de agosto de 2010. La norma excluía, pues, a los etarras Santiago Arróspide Sarasola y Alberto Plazaola –otra vez en busca y captura– de los beneficios legales, pese a lo cual fueron excarcelados por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que figuran los jueces Ramón Sáez de Valcárcel, Javier Martínez Lázaro y Manuela Fernández Prado. Aunque los tres son «progresistas», sin duda, es Sáez de Valcárcel el que mejor responde a esa tendencia de libre interpretación de la norma, muy arraigada entre los togados de mayor edad procedentes de la izquierda judicial –que se articuló en la Transición en torno a la asociación Jueces para la Democracia–, lo que le ha convertido en protagonista de algunas sentencias que entroncan directamente con la lucha de clases y el conflicto social, tal y como se interpretaba desde el marxismo más rancio. Así, Sáez de Valcárcel, que fue vocal de Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida, llegó argumentar la absolución en bloque de los «antisistema» que asaltaron el Parlamento autónomo catalán, obligando a suspender el pleno de presupuestos, en la existencia de una conclusión entre la empresas capitalistas de los medios de comunicación social y el poder político, que tendría secuestrada la libertad de expresión, justificando los excesos de la «clase desfavorecida» como el único medio para hacerse oír. Tanto las excarcelaciones de los etarras como la absolución de los «antisistema» catalanes han sido enmendadas por el Tribunal Supremo, que restituye la recta interpretación de la Ley. Ante estos hechos, reiterados, sería deseable que la Magistratura española avanzara hacia la unificación de criterios que, sin perjuicio de su independencia, garantiza que la ideología personal no condiciona la Justicia.