Pésima gestión de la inmigración

El último asalto violento a la valla de Ceuta, en el que han resultado heridos siete guardias civiles, rociados con cal viva y ácido de baterías, no es más que una de las formas, la peor sin duda, que está adoptando la avalancha migratoria sobre territorio español. Quienes negaron tanto la improvisación del nuevo Gobierno socialista con el caso «Aquarius», como el aprovechamiento propagandístico del drama humano, deberían reflexionar ante las cifras que, tozudamente, confirman la intensificación del «efecto llamada» que provocó aquel episodio. Sólo en el mes de julio, han llegado a territorio español a través de las costas del Estrecho y de las ciudades de Ceuta y Melilla más de 8.800 inmigrantes irregulares. Es decir, que mientras las rutas del Mediterráneo oriental y central registraba un descenso de llegadas del 18 por ciento, en España se habían cuadruplicado su número. La misma tendencia reza para lo que llevamos de este 2018: las entradas de irregulares en el conjunto de la UE han descendido un 43 por ciento, mientras que nuestro país daba cuenta de un incremento del 100 por cien de inmigrantes atendidos, hasta sumar 23.100. A nadie que conozca el volumen de negocio que supone la emigración ilegal en su conjunto, que Naciones Unidas calculó en unos 7.000 millones de euros para 2016, le podrá extrañar la habilidad con la que los traficantes de personas se adaptan a las circunstancias. Cerrada la ruta oriental de Turquía, con un tráfico residual, el endurecimiento de la postura antiinmigratoria de las nuevas autoridades de Roma –Italia ha recibido un 83 por ciento menos de inmigrantes ilegales que hace un año– hacía inevitable que las mafias miraran hacia España. Y no sólo por los mensajes equívocos del nuevo Ejecutivo socialista o las llamadas a las claras de diversos ayuntamientos progresistas, sino, también, por el enfriamiento en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, a causa de la decisión de Bruselas de no reconocer la soberanía de Rabat sobre las aguas costeras del Sahara Occidental. Conviene, sin embargo, analizar con mesura el problema y no sembrar alarmismos que no se corresponden con la realidad. Las cifras son altas, sí, pero pueden ser perfectamente manejadas por un país del tamaño y la potencia económica de España, sobre todo, si tenemos en cuenta que la mayoría de los inmigrantes subsaharianos que llegan a nuestras costas pretenden instalarse en otros países europeos, como Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido. Los centros de acogida de Guipúzcoa y Vizcaya, desbordados en Irún y San Sebastián, dan cuenta del fenómeno al que nos referimos, casi tanto como el incremento de las devoluciones «en caliente» de las autoridades fronterizas galas. Lo que demuestra, y parece ocioso tener que reiterarlo, que el proceso migratorio que registra Europa, ya crónico en el caso de los flujos procedentes del África subsahariana, no puede dejarse al albur de los cambios políticos en sus países miembros ni, mucho menos, gestionarse bajo la presión populista de unas sociedades lógicamente alarmadas por la amplitud del problema. Sin ánimo de predicar en el desierto, es preciso una gestión integral del fenómeno migratorio por parte de la Unión Europea, que abarque intervenciones de carácter económico y político sobre los países de origen de los emigrantes y sobre los países de tránsito. Es preciso, asimismo, que las capitales europeas se comprometan a cumplir los acuerdos suscritos sobre registro de filiación de los «sin papeles» y que se respeten escrupulosamente las normas que ya existen sobre las solicitudes de asilo. Y, finalmente, hay que actuar sin contemplaciones sobre los traficantes de personas, negocio que, en muchos casos, lleva aparejado el más detestable de la trata de mujeres y niños.