Piedras contra la Ley

La Dirección General de Aduanas ordenó ayer que se paralizara cautelarmente la exportación de roca de escollera y áridos a la colonia de Gibraltar. La decisión se ha tomado –y en este caso la precisión cronólogica es muy importante– después de que la Fiscalía General del Estado tomara cartas en el asunto ante la presunta comisión de un delito medioambiental por parte de las autoridades locales gibraltareñas. La Fiscalía, con la colaboración de la Guardia Civil, estudia sendas denuncias presentadas por los representantes legítimos de los armadores y los pescadores que operan en la bahía de Algeciras. Nos hallamos, pues, ante un episodio de defensa pura y simple de la legalidad que, como establece perfectamente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en la entrevista que hoy publica LA RAZÓN, interesa a todos los socios de la Unión Europea, incluido Reino Unido. Ésa es la única posición que cabe mantener ante la ruptura de la legalidad llevada a cabo por el ministro prinicipal de la colonia, Fabian Picardo, con el lanzamiento de bloques de hormigón armado en las aguas próximas al istmo de La Línea. Una doble provocación, puesto que España no reconoce la soberanía británica sobre esa parte del territorio anexionada ilegalmente, donde hoy se enclava el aeropuerto, ni mucho menos otra soberanía que no sea la propia sobre las aguas de la bahía algecireña. Así se establece en el Tratado de Utrech, que fue la base legal sobre la que se pronunció el Comité de Descolonización de la ONU en 1973, cuando estableció, como recuerda el ministro García-Margallo, que Gibraltar es una colonia que debe dejar de serlo mediante negociación bilateral entre España y Reino Unido, sin que quepa otro desenlace que el de la restauración del territorio. Es decir, se excluye cualquier derecho a la autodeterminación de los «llanitos». En esta declaración está comprendido el núcleo del problema gibraltareño y a ella debía haberse atenido España, independientemente del Gobierno de turno. Pero un error del anterior Ejecutivo socialista, que incluyó en los últimos acuerdos la declaración de que se tendrían en cuenta no sólo los intereses de los gibraltareños, sino sus «deseos», supuso conceder una victoria política a Londres y, además, abrió la puerta a la reivindicación de la autodeterminación de la colonia, que es el escenario en el que mejor maniobra un agitador como Fabian Picardo. Hay que rectificar sobre lo hecho, y en ello está el actual Gobierno, que debería contar con el respaldo explícito del resto de las fuerzas políticas. Sólo desde la exigencia estricta del respeto a la legalidad se puede tratar el cansino asunto de Gibraltar. El tiempo y la historia, como en Hong Kong, demuestran que ante el acuerdo entre dos estados los «deseos» de los colonizados no cuentan.