Por el interés nacional

España mantiene con Reino Unido un viejo litigio a cuenta de Gibraltar. O dicho de manera más clara: por la existencia de una colonia británica en territorio español. A lo largo de los últimos cincuenta años este conflicto ha pasado por diferentes momentos, desde el cierre español de la frontera, en 1969, a la apertura de la verja, en 1982. En este tiempo, el resultado no deja dudas: la expansión territorial de Gibraltar ha sido continua, y se ha hecho incumpliendo los tratados y jugando a una política de hechos consumados muy dañina. Primero fue con la construcción del aeropuerto en zona neutral; después, ampliando el puerto y, de manera más reciente, aspirando ante la ONU, a tener jurisdicción sobre las aguas hasta tres millas náuticas (algo que niega el Tratado de Utrecht, en el que basan su soberanía). Sus intenciones son tan abusivas y lesivas que han llegado a instalar una gasolinera flotante en la bahía de Algeciras. Éstos son los hechos. El último capítulo es conocido: han arrojado al mar 70 bloques de hormigón para impedir la pesca de la flota española. De nuevo, hechos consumados. La respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido contundente: ejerciendo un control estricto de fronteras sobre un territorio que no pertenece al espacio Schengen y anunciando que no va a permitir que el Peñón se convierta en un paraíso fiscal de personas que trabajan en Gibraltar y viven en España favoreciéndose de nuestros servicios públicos pero sin cumplir con Hacienda.

La Comisión Europea reconoció ayer el derecho de España a controlar su frontera con Gibraltar, intentando causar el menor daño a los ciudadanos de uno y otro lado de la verja. Por contra, el PSOE tuvo ayer la oportunidad de cerrar filas con el Gobierno en un tema en el que están en juego los intereses nacionales. No fue así. Un portavoz socialista calificó muy desafortunadamente el plan de medidas anunciado por el ministro José Manuel García-Margallo de «bravuconada», además de acusarle de «volar todos los puentes de diálogo», cuando a lo que aspira el Gobierno es a revisar el llamado Foro Tripartito de 2006, con el que Gibraltar –que merecía el mismo estatuto que cualquier otro Estado soberano– tenía además unos beneficios evidentes (entre otros, 60.000 líneas telefónicas a través de España, de las que nuestro país sólo saca un rédito de 4.000 euros al año). Como podemos comprobar ahora, Gibraltar no ha actuado con idéntica generosidad. La actitud de los socialistas españoles contrasta con la expresada por el Partido Laborista, que ha mostrado su apoyo a Cameron. Fabian Picardo puede ser a la larga un problema para Reino Unido, porque o la economía de la colonia se mantiene a través de su relación con el Campo de Gibraltar, o depende de los presupuestos del Gobierno de Su Majestad.