Por una financiación justa

Es el gran debate pendiente. La financiación del Estado de las Autonomías ha sido uno de los temas más conflictivos en los treinta y siete años de historia de nuestra Constitución. Ese debate interminable, además, ha alcanzado en fechas recientes cotas de gran intensidad por la confluencia de la crisis económica y de una crisis institucional empujada desde la Generalitat catalana por Artur Mas. La gran recesión padecida por la pésima gestión de los gobiernos socialistas ha obligado a acometer reformas claves en nuestra economía y ha llegado a cuestionar la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar, especialmente en lo que a los gastos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales se refiere. El Gobierno presentará en septiembre las conclusiones del grupo de trabajo que ha analizado el funcionamiento del modelo de financiación autonómica. Unos datos clave si tenemos en cuenta que el PP incluirá expresamente en su programa para las elecciones generales el compromiso de promover en 2016 un nuevo modelo de financiación autonómica. En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha remitido cartas a todas las comunidades para relanzar este debate. El Gobierno, como en más de una ocasión ha dicho el presidente, Mariano Rajoy, está abierto a un debate profundo en el que analizar gastos e ingresos por comunidades y el apoyo, siempre honesto, de la financiación del Estado. De hecho, si en estos años de crisis la Hacienda Pública no hubiese estado al servicio de los españoles, donde quiera que estos vivieran, difícilmente se podría haber mantenido el Estado del Bienestar, espoleado por la falta de ingresos. Conviene puntualizar que una cosa es la financiación autonómica, que se ocupa de cómo se financian los bienes y servicios, competencia de las CC AA, y otra cosa son las balanzas fiscales que estudian la actividad del Estado en los diferentes territorios, algo utilizado por algunos como ariete político. España ha alcanzado un altísimo grado de descentralización, más incluso que algunos países federales. Y, sin embargo, sistemas forales como el del País Vasco y Navarra introducen una asimetría que no tiene parangón: en esos territorios se pagan menos impuestos y se disfruta del doble de gasto público en Educación, Sanidad y Servicios Sociales. No son pocas las voces que llaman a nivelar estas comunidades con el resto, algo que sin duda ayudaría a que muchos ciudadanos de Cataluña se sintieran más cómodos compartiendo las mismas cargas impositivas y recursos de financiación. Por otro lado, tras las recientes elecciones autonómicas se ha incrementado el corifeo de gobiernos exigentes de mayores inversiones. Sólo desde el sosiego y la justicia se podrá discernir qué corresponde a cada cual con la confianza de que el Gobierno busca lo mejor para todos, sin egoísmos territoriales. Por igual, según sus méritos y necesidades.