Presupuestos reales, no electoralistas

El Gobierno que preside Pedro Sánchez se encuentra en una difícil disyuntiva, nada insólita, por otra parte, a la hora de afrontar unos Presupuestos Generales del Estado que cumplan con los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas y, al mismo tiempo, obtengan el plácet de su principal aliado en la moción de censura, Podemos, dispuesto, por las trazas, a forzar el gasto público hasta el extremo como arma electoral. En efecto, respaldar unas cuentas públicas ortodoxas, con redistribución, si acaso, de las inversiones, no supondría hecho diferencial alguno con la oferta socialista y acabaría por intensificar la actual desmovilización de sus votantes. Si bien, a día de hoy, el Ejecutivo no ha sido capaz de articular unos Presupuestos, con su correspondiente techo de gasto, es preciso que remita a la Unión Europea antes del 15 de Octubre un marco de referencia o, si se quiere, una declaración de intenciones sobre la previsión de gasto público. Se entiende que ésta debe enmarcarse en las condiciones del procedimiento de déficit excesivo en el que se encuentra España, aunque Bruselas no exige un marco cerrado. No es la primera vez que, ante la imposibilidad de cuadrar las cuentas, que el Gobierno español remite a Europa un esbozo con las grandes cifras, que, en este caso, deberían asegurar una senda de déficit público sobre el PIB no superior al 2 por ciento –un 1,8 por ciento es la referencia hecha pública por el FMI–, con independencia de posteriores ajustes. Y ahí es donde conviene advertir al Gobierno contra la tentación de llevar a Bruselas unas cuentas canónicas y, a la hora de la verdad, recurrir a la fórmula de los decretos leyes para habilitar nuevas partidas de gasto. Evidentemente, damos por supuesto que los representantes de Podemos no aceptarán una senda presupuestaria que goce de las bendiciones de Bruselas y que, por lo tanto, como ya hemos señalado, tratarán de que Pedro Sánchez tire de la máquina de los decretos, so pena de tumbarle la legislatura. Todo esto no pasaría de ser un clásico juego de estrategias partidistas, con las elecciones generales como telón de fondo, sino fuera porque el panorama de la economía española, ya en franca desaceleración, se compadece mal con las servidumbres del populismo. En efecto, mientras desde el actual Gobierno socialista, tal y como hoy publica LA RAZÓN, los expertos de los mejores centros de investigación económica de España no dejan de recibir peticiones desde el entorno gubernamental para que indiquen alguna medida económica impactante y de rápida aplicación, que pueda proporcionar al PSOE el correspondiente rédito electoral, esos mismos analistas observan con preocupación como la economía española, que no puede calificarse de «mala», se instala en la desaceleración. Hasta qué punto esa inflexión afectará a unas cuentas públicas que, cada año, tienen que hacer frente a unos intereses de la deuda de 31.500 millones de euros, depende de muchos factores, pero lo que está claro es que las circunstancias no son, precisamente, adecuadas para que nuestros gestores se deslicen por la pendiente feliz del endeudamiento. Porque la otra alternativa, la elevación de los ingresos del Estado por la vía de una mayor presión fiscal, que siempre recae, pese a las promesas de la izquierda populista, sobre las clases medias y las empresas, tiene el efecto perverso, pero inevitable, de convertir la desaceleración en depresión. No son momentos para el electoralismo con los Presupuestos del Estado, sino para afrontar desde el realismo unas cuentas públicas que beneficien a la nación.