Puigdemont no se librará del delito de rebelión

Todo en la peripecia de Carles Puigdemont estaba marcado por el cálculo y la premeditación. De ahí que la decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de retirar las órdenes de busca y captura inernacionales al ex presidente de la Generalitat y a sus ex consejeros con él fugados, Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, haya sido recibida con sorpresa, por cuanto anula la parte más importante de su estrategia legal, que no es otra que la de evitar un proceso por rebelión y sedición, de compleja traducción en el Código Penal belga. No está dispuesto el magistrado Llarena a correr el riesgo de que la Justicia belga condicione en la orden de entrega los delitos por los que se puede juzgar al fugitivo, entre otras cuestiones porque dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones en el Supremo y, además, por el agravio comparativo –tendrían «peor derecho»– con el resto de los imputados, que sí han comparecido ante la Justicia. El asunto, por supuesto, tiene una segunda lectura, que se desprende no sólo de este auto, sino de todos los dictados por el magistrado: que la clave de bóveda de todo el procedimiento judicial está en la apreciación del delito de rebelión. Y es que la instrucción judicial sobre las conductas de los responsables del golpe independentista está conformando un relato de los hechos que deja poco espacio a la duda.